Iglesia y Gobierno firman el plan de ayudas a las víctimas de abusos sexuales

El Gobierno, la Iglesia y el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ultiman el convenio que formalizará el sistema de indemnización a víctimas de abusos sexuales en el ámbito eclesial, con previsión de firma “este jueves si es posible”, tras semanas de negociación y con cierto retraso sobre el calendario previsto. Este documento desarrolla el acuerdo firmado el 8 de enero de 2025 entre el Ejecutivo, la Conferencia Episcopal y la Confer (Conferencia Española de Religiosos), y fija que se abrirá un plazo de un año (prorrogable a dos) para que las víctimas presenten sus solicitudes de reparación. Ese plazo no comenzará hasta la firma oficial, lo que en la práctica retrasa el inicio del proceso.

El convenio definirá el procedimiento para reconocer la condición de víctima y establecerá un “estatuto básico” con garantías y criterios de evaluación. Además, incluirá distintas medidas de reparación integral: apoyo psicológico o psiquiátrico, compensación moral y actuaciones simbólicas o restaurativas, con participación de las propias víctimas en su diseño. El modelo será mixto, con implicación tanto del Estado como de la Iglesia, y prevé mecanismos de coordinación para agilizar la tramitación de expedientes, así como la concreción de las vías de financiación de las indemnizaciones. También se busca dotar de mayor seguridad jurídica al proceso y homogeneizar los criterios de compensación.

En cuanto a su alcance, el acuerdo se vincula al desarrollo de la ley de protección de la infancia (Lopivi), aunque existen diferencias de interpretación. Mientras la Iglesia considera que abre la puerta a abordar abusos en otros ámbitos sociales, el ministro Félix Bolaños insiste en que “este es un acuerdo exclusivo” para víctimas en el seno de la Iglesia y que “no hay ningún acuerdo fuera”.

El texto también subraya la necesidad de incorporar la perspectiva de las víctimas en todo el proceso, desde la evaluación de los casos hasta el diseño de las medidas de reparación, con el objetivo de garantizar un enfoque centrado en sus derechos. Asimismo, se prevé la creación de estructuras de seguimiento que permitan evaluar el funcionamiento del sistema y corregir posibles deficiencias durante su aplicación.

Otro de los puntos clave será la coordinación con los recursos públicos existentes en materia de atención a víctimas, para evitar duplicidades y mejorar la eficacia de las respuestas. En paralelo, la Iglesia mantendrá su propio sistema de reparación a través del programa Priva, que actuará de forma complementaria al mecanismo pactado.