Las cicatrices de Valdeorras: entre cheques y escombros

La comarca de Valdeorras continúa marcada por uno de los episodios más devastadores de su historia reciente. El voraz incendio iniciado el 13 de agosto de 2025 en el núcleo de Seadur (Larouco) se extendió con rapidez por buena parte del territorio comarcal y llegó a traspasar los límites provinciales hacia Lugo y León, hasta darse por extinguido el 31 de agosto tras más de dos semanas activo y dejar casi 31.800 hectáreas calcinadas. Entre los municipios más castigados estuvo A Rúa, donde las llamas alcanzaron zonas industriales y el vertedero municipal, así como la parroquia de San Vicente de Leira, en Vilamartín, que quedó prácticamente arrasada con unas 120 de sus 150 construcciones destruidas y decenas de vecinos sin hogar.

El plan de rescate de la Xunta articuló un paquete de ayudas autonómicas que dio cobertura a los afectados de Ourense y de otras zonas castigadas como la provincia de Lugo. En total, el Gobierno autonómico desembolsó 21,5 millones de euros que se distribuyeron en 87 ayudas para reconstruir viviendas (llegando a cubrir el 100 % en primeras residencias destruidas), 2,25 millones para recuperar la actividad de 15 negocios y empresas, y 5 millones para que los ayuntamientos reparasen infraestructuras y vías públicas. A este importe se suman las subvenciones para los daños del sector agroganadero y forestal, cuyas últimas justificaciones y pagos esperan completarse antes de diciembre.

Pese a este desembolso, la sensación predominante en el terreno es de desolación y estancamiento. En San Vicente de Leira, Rosana Fernández recuerda que su padre perdió su casa y se quedó “con lo puesto”. Un año después, asegura que el pueblo está “más desolado que el día después del incendio” y que “no se reconoce nada del pueblo”. Recuerda que la Xunta realizó una pequeña intervención para retirar elementos peligrosos, pero considera que fue insuficiente. Aún así es sincera y explica que “la Consellería de Vivenda cumplió con su palabra, vino la conselleira a entregarnos el cheque”.

Algunas familias quieren reconstruir, mientras otras mantienen sus propiedades entre ruinas y escombros. El Concello realizó trabajos de desescombro con los recursos disponibles “incluso hicieron trabajos por su cuenta” detalla. En su caso, su familia reconstruirá su vivienda, pero son de los pocos, ya que otros o optaron por no rehabilitar o no reunieron las condiciones necesarias para poder acceder a las ayudas.

Un año después, el cansancio y la falta de avances pesan entre los vecinos. “Ya no tenemos esperanzas de nada, ya no sabes cómo afrontar, la Administración no se implica”, asegura Rosana.

La preocupación se traslada también a la gestión del entorno natural. La alcaldesa de A Rúa, María González Albert, denuncia que los trabajos de reforestación siguen paralizados por parte de la Xunta y la Confederación Hidrográfica, mientras el paisaje sufre el impacto de lo que califica como una “tala descontrolada”. El constante tránsito de camiones pesados y la falta de respuesta institucional ante zonas catalogadas incrementan la inquietud de los municipios, que miran con gran temor al próximo otoño: temen que las lluvias torrenciales agraven los daños en captaciones de agua y arroyos, ya muy perjudicados por la apertura de pistas durante la extinción del fuego.

La realidad a pie de calle sigue marcada por el pesimismo y la burocracia. Las cicatrices del fuego persisten no solo en los esqueletos de unas viviendas que difícilmente volverán a levantarse, sino también en el ánimo de unos vecinos y concellos que afrontan el inminente otoño con más incertidumbres que certezas.