Un mapa recogerá casas en mal estado del Castro de O Barco

El Concello de O Barco de Valdeorras deberá elaborar un mapa de riesgos de las construcciones que se encuentren en mal estado de conservación en la villa del Castro. Esta actuación fue reclamada desde la Dirección xeral de Patrimonio Cultural, tal y como este organismo informó a Alfonso Quiroga Sierra y Teresa Rodríguez Yáñez, un matrimonio que lleva más de un mes en casas de familiares ante la amenaza que suponen para su vivienda las ruinas y escombros con las que linda, familia que reclama al equipo de gobierno una solución para así regresar a su domicilio.

“Solicítase do Concello que se elabore en primeiro lugar, e con carácter urxente, un mapa de riscos de edificacións en mal estado”, afirma en su escrito Patrimonio, que añade que este trabajo permitirá “acometer medidas previas e atallar sucesos como o actual, que se repiten sistemáticamente e que fan perder paseniño as trazas deste conxunto histórico, sen dúbida o mellor testemuño histórico da bisbarra”.

Seguidamente, la Dirección xeral expone que el Concello deberá “activar a aprobación do Plan Especial”, en aras de dispor da ferramenta urbanística reguladora, que permita a recuperación e posta en valor do conxunto co acceso a axudas especiais”.

Patrimonio considera “irreparable” el derrumbe de la casa que linda con la vivienda de Alfonso Quiroga y afirma que era “fundamental no tecido construído do núcleo histórico, formando parte da fronta máis visible do lugar, na base da Casa Grande, antiga fortaleza medieval”. Además, resalta la localización de las ruinas, “na fronte máis destacada das perpectivas do núcleo”.

Una vez desaparecida la construcción, y su espacio ocupado por las ruinas y grandes piedras que depositó el Concello, Patrimonio propone un seguimiento técnico del exterior de las construcciones linderas y del muro posterior, en el que ya se aprecian grandes grietas. A su vez, los afectados, apoyados en escritos del Defensor del Pueblo, urgen medidas para eliminar una amenaza que comenzaron a denunciar en 2009.