La mina de Penouta ya tiene fecha para decidir su futuro

Penouta ve la luz al final del túnel. A una semana de cumplir seis meses del cierre cautelar de la única mina de coltán de Europa, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia pone fecha para realizar el señalamiento de votación y fallo. Será el 31 de mayo y la cuenta atrás ya se ha iniciado en las instalaciones de Penouta, donde en la entrada un mecanismo cuenta uno a uno el medio centenar de días que restan para una resolución “moi moi esperada”.

“Esperamos que sea una resolución positiva teniendo en cuenta los datos y pruebas aportadas tanto por la Xunta de Galicia como por la propia empresa”, explican desde Strategic Minerals -empresa encargada de la explotación de Penouta- y añaden que de no ser así, recurrirán al Tribunal Supremo.

Tras una denuncia del grupo Ecoloxistas en Acción que alegaba graves impactos sobre el espacio protegido de Pena Trevinca, enmarcado dentro de la Red Natura 2000, el 18 de octubre de 2023 el máximo órgano de poder judicial de la comunidad autónoma decretaba un cierre cautelar que paralizó por completo la actividad en la explotación minera.

Esta medida llegó casi un año después de que la administración autonómica diera luz verde a Strategic Minerals para trabajar en la llamada sección C, una zona de explotación a cielo abierto con una extensión de 150 hectáreas, donde los trabajos tendrían una duración de 30 años, prorrogables hasta un máximo de 75 y que permitirían extraer 50 millones de toneladas de mineral.

Viana do Bolo salió a la calle en varios ocasiones, manifestándose con el apoyo de autoridades políticas y grupos sindicales, para revertir una situación que, para ellos, “carecía de sentido algún”.

Esta decisión ha causado graves impactos económicos en la comarca, y es que desde que en 2017 Penouta recuperó su actividad de la mano de la compañía canadiense Strategic Minerals, esta explotación se convirtió en el principal motor económico de varios concellos del sureste ourensano.

Seis meses después del cese cautelar de la actividad, los 129 trabajadores directos se encuentra bajo un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) y la situación es cada vez más insostenible. La compañía cifra en 15,6 millones de euros las pérdidas desde la paralización de la actividad y se planifica una combinación de negocio con IberAmerican Lithium que le permita una mayor estabilidad financiera.