García Martínez, acusado de siete fraudes en Suecia

La situación judicial de Roberto García Martínez, consejero delegado de Eurobattery Minerals -titular del yacimiento de wolframio de A Gudiña-, se complica drásticamente. Tras trascender su detención e ingreso en prisión preventiva, la prensa financiera sueca ha revelado que el directivo fue arrestado el pasado miércoles y enviado a la cárcel por orden del Tribunal de Distrito de Estocolmo, acusado de siete nuevos delitos de fraude agravado.

Según destapa el diario Dagens Industri, el fiscal a cargo del caso, Gunnar Zetterqvist, ha confirmado la extrema gravedad de las nuevas imputaciones. Estos siete cargos por estafa se suman a la investigación que ya mantenía abierta la Autoridad contra los Delitos Económicos sueca por otros tres presuntos casos de uso de información privilegiada. Los detalles desvelados por la fiscalía nórdica contrastan con el comunicado emitido por la minera, en el que aseguraban que carecía de información sobre la causa penal. El estrechamiento del cerco judicial sobre García Martínez, uno de los principales accionistas, acelera el colapso corporativo de la matriz.

La cotización de Eurobattery Minerals continúa bloqueada tanto en la Bolsa de Stuttgart como en el Nordic Growth Market, tras una desbandada institucional que provocó la dimisión del presidente de la compañía y de su equipo de auditores. Esta situación se produce dos meses después de que el Tribunal Supremo Español condenara en firme al directivo a dos años de cárcel y al pago de 3,46 millones de dólares por otro fraude en la captación de fondos en 2011 bajo la falsa promesa de explotar minas de oro y diamantes en Sierra Leona, mediante sociedades sin licencias.

A nivel local, el encarcelamiento del primer ejecutivo y la parálisis de la matriz sueca suponen un revés para el proyecto minero de A Gudiña. Aunque Eurobattery logró el año pasado prorrogar la concesión hasta 2055 para explotar un potencial estimado de 60.000 toneladas de wolframio, la realidad sobre el terreno es de bloqueo. El yacimiento ya se encontraba paralizado por orden del Concello tras detectarse movimientos de tierra irregulares. Ahora, la viabilidad de la mina gallega afronta un escenario de máxima incertidumbre.