La decisión del PSOE de abanderar la “abolición” de la prostitución genera polémica con sus socios
El debate sobre la prostitución es el último frente abierto para el Ministerio de Igualdad, que ve como sus principales proyectos legislativos, desde la ley trans hasta la reforma del aborto, generan división en la izquierda, además del previsible rechazo de la derecha.
Todo comenzó con la Ley de Garantía de la Libertad Sexual, conocida como “ley del solo sí es sí”, un texto que tardó más de quince meses en ser remitido a las Cortes por las discrepancias entre Igualdad, dirigido por Podemos, Justicia y la Vicepresidencia primera del Gobierno, encabezada entonces por Carmen Calvo, y por los retrasos del Consejo General el Poder Judicial para dictaminar la norma. Superada esa fase, vuelve ahora a suscitar la polémica al inicio de su tramitación parlamentaria.
El PP y Vox presentaron sendas enmiendas a la totalidad, pero varias formaciones, entre las que se encuentra En Comú Podem, miembro de Unidas Podemos, y también los principales aliados externos del Gobierno, como el PNV, ERC o Bildu, advirtieron a Irene Montero de que, aunque estén de acuerdo con el grueso de la ley, no comparten que en ella se aborde la prostitución.
Rechazan en concreto dos artículos que plantean penalizar el proxenetismo no coactivo (no violento) y a quien se lucre con el alquiler de locales para ejercer la prostitución (la tercería locativa). Defienden, en su mayoría, el derecho de las mujeres a ejercer libremente la prostitución.
EL MOMENTO DE NEGOCIAR
Fuentes de Igualdad ven “lógico” que haya debate en torno a la prostitución, ya que “siempre lo ha habido en el movimiento feminista”. La ministra trasladó en público y en privado a todos los grupos que es el momento de negociar y llegar a un consenso para proteger a las mujeres que son víctimas de trata y explotación sexual y ofrecerles alternativas vitales, a ellas y a quienes están “en contextos de prostitución”.
Pero mientras parte de los grupos de la izquierda se opone a restringir el ejercicio de la prostitución, el PSOE decidió en su 40 Congreso abanderar la lucha por la “abolición” de una práctica que considera violencia sobre la mujer, una posición que complica a Igualdad la búsqueda de consensos.
No es la primera vez que el PSOE pone piedras en el camino de un proyecto de Montero, quien libró una dura batalla frente a Carmen Calvo para que el anteproyecto de ley trans recogiera finalmente el derecho de una persona a cambiar de sexo en el Registro con la mera expresión de su voluntad, sin necesidad de informes médicos o psicológicos.
Una parte del feminismo teme el “borrado” de las mujeres con las normas que sitúan el género por encima del sexo biológico y rechaza los planteamientos de Igualdad, pero la Moncloa se inclinó del lado de Montero. Carmen Calvo ya no está en el Gobierno -ni al frente de la secretaria de Igualdad del PSOE, cargo que asumió Adriana Fernández, una de las diputadas más jóvenes- e Igualdad confía en poder remitir el proyecto al Congreso en el primer trimestre de 2022, con todos los informes preceptivos.
En Unidas Podemos ven con normalidad los debates abiertos; El Ministeriod de Igualdad es uno de los departamentos ministeriales legislativamente más activos, apuntan, y está dando pasos en cuestiones que resultaron tradicionalmente controvertidas incluso en la izquierda, por lo que hasta ahora se había optado por no tocarlas.
