Los delincuentes están buscando constantemente nuevas formas de estafa y cada vez utilizan más la informática para llevarlas a cabo. De hecho, la Guardia Civil atendió en el año 2022 un total de 1.317 infracciones penales relacionadas con el ámbito cibernético en Ourense, de ellas se esclarecieron una de cada cuatro, un 25%, lo que da cuenta de lo difícil que es resolver este tipo de delitos. “En la provincia, los medios de ataque para llevar a cabo las estafas ‘online’ son mayoritariamente el correo electrónico, los SMS y los whatsapp”, señalan desde la Guardia Civil.
El total de infracciones penales relacionadas con la cibercriminalidad en la provincia, según los datos del Ministerio de Interior, aumentó exponencialmente en la última década, desde las 255 que se registraron en 2012 hasta las 2.511 del 2022, último año en el que hay registro completo, lo que supone casi diez veces más. Si tomamos en cuenta el último año prepandémico, el 2019, se duplicaron los delitos desde entonces, pasando de 1.130 a 2.511. De las infracciones penales ocurridas en 2022, el 88,2% se produjeron mediante un fraude informático; le sigue la falsificación informática, con el 4,9%; y en tercer lugar se sitúan las amenazas y coacciones, con el 4,6%.
Formación
Ante el gran crecimiento de la ciberdelincuencia en el último lustro, la Guardia Civil impartió ayer un curso en la Audiencia Provincial para ilustrar a jueces y fiscales sobre este ámbito, que tiene un coste mundial, según informaron, de 10,5 billones de euros. “Este es un problema global y quizás no tenemos suficientemente interiorizado que no es aislado, no tiene nada que ver con que esta provincia sea de las denominadas ‘tranquilas’, por lo que solemos creer que no debemos seguir potenciando este tipo de unidades”, dijo ayer uno de los agentes en el curso.
Durante la jornada, los agentes expusieron los distintos tipos de ciberestafas y cómo evitarlas. En este sentido, explicaron que hay que evitar facilitar el DNI, y, si no queda más remedio, hacerlo siempre escaneándolo en blanco y negro, difuminando la foto y la firma o evitando que se vea el número de soporte. “Si lo facilitamo cualquier persona puede usar esos datos para un fin que nos perjudique”, afirmaron.
También indicaron que las capturas de pantalla pueden ser falsificadas sin ningún problema, por lo que “la única forma de darle validez es que la persona nos permita acceder al teléfono y ver que esa conversación existe”. Otro de los instrumentos que utilizan los estafadores son los términos y condiciones: uno de los ejemplos que pusieron es el de algunas páginas web que ofrecen un mes gratis y, en el momento de meter la tarjeta de crédito te cobran once meses, ya que en las condiciones lo estipulaban.
La Justicia obliga a bancos a pagar por el “phishing”
El presidente de la Audiencia Provincial de Ourense, Antonio Piña, indicó que hay disparidad de criterio entre los distintos juzgados de España sobre la devolución del dinero por parte de los bancos a los clientes que sufran una estafa mediante suplantación de la identidad, conocida como “phishing”. “En Galicia las audiencias están manteniendo dos posiciones”, explicó. En Ourense, la Justicia mantiene que hay obligación de devolución porque el banco debe tener medios para monitorizar esas operaciones.
De hecho, el pasado mes de febrero, el Juzgado de Primera Instancia de Ourense obligó al Banco Santander a devolver 3.200 euros a una clienta que había sido estafada por una suplantación de identidad. Lo hizo al considerar que la entidad bancaria no había demostrado que existiese una negligencia grave en la actuación de la víctima que exonerase de responsabilidad al Santander, ni que proporcionase a su cliente los mecanismos para evitar el uso fraudulento de su medio de pago.
