El interventor de Ourense acusa a Jácome de acoso laboral y habla del "modo DO" para apartarle de su puesto

Jácome y el interventor.
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El interventor del Concello de Ourense, Gonzalo Alonso, acusa al alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, de acoso laboral. También le acusa de irregularidades en los contratos del concello

El interventor del Concello de Ourense, Gonzalo Alonso Álvarez, responde al expediente de cese presentado por el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, en el que le acusa de irregularidades en su mandato y de acoso laboral.

El interventor ha presentado este lunes las alegaciones al intento del alcalde de Ourense de cesarle. En el documento, Gonzalo Alonso habla de acoso laboral y nombra todas las manifestaciones de la intimidación que viene sufriendo por parte de Jácome: "Descalificación profesional, desacreditación personal, burla con difusión mediática, amenazas y ejecución de las mismas, en una suerte de hostigamiento constante sin solución de continuidad, en la que además se ha privado al interventor municipal, del ejercicio de los derechos que la legislación le atribuye, pero no en una ocasión, sino en varias y de forma reiterada".

El "modo DO"

En el mismo informe, el interventor alude al "modo DO", tal como denominó el exconcejal de Seguridad Ciudadana, Telmo Ucha, en el hostigamiento proferido hacia María Barrera, Intendente de la Policía Local, a quien recientemente la justicio dió la razón y acusó de acoso laboral Jácome y el propio Ucha. El exconcejal denominó "modo DO", a "tirar por el camino de en medio, el que no gusta" y que conllevaba "apartar como sea" a personas.

Alonso recuerda que el inicio del acoso empezó en el pleno del 16 de septiembre, cuando Jácome dijo del interventor que era un "vago" y "negligente".

El cese, competencia del ministerio

En las alegaciones, Gonzalo Alonso le recuerda al alcalde de Ourense que la supresión de un puesto de trabajo de un funcionario con habilitación de carácter nacional, requiere la instrucción de un expediente disciplinario cuya incoación y resolución es competencia del Ministerio de Hacienda y Función Pública. No es, por lo tanto, competencia del alcalde, Gonzalo Pérez Jácome.

Además, el interventor destaca la mínima adecuación jurídica del argumentario para pretender su cese y remoción del cargo. Tanto la adopción del acuerdo de cese como de la remoción en el puesto de trabajo son competencia del órgano que efectuó el nombramiento. En concreto, resalta que "estamos en presencia de una causa general, absolutamente prospectiva, carente de fundamento real y con una finalidad espuria como más adelante se explicará, en la que concurre absoluta inhabilidad, falta de competencia, de acción y de legitimación activa no sólo para iniciarla, sino también para concluirla".

Tilda su expediente de cese de “improcedente e inconsistente”

En caso de que las alegaciones formales de Gonzalo Alonso no fuesen suficientes, este intenta desmontar el expediente “absolutamente improcedente” contra él con otras razones de carácter material, que enumera para demostrar la “inexactitud e inconsistencia” que presenta el expediente abierto contra él por el alcalde. 

Gonzalo Alonso niega actuaciones “incongruentes, obstruccionistas y dilatorias”, como le acusa el alcalde. En uno de los apartados, se muestra de forma irónica muy crítico con Francisco Cacharro, coordinador general y según algunas fuentes, el posible autor material del texto del expediente de cese al interventor general que instruye el alcalde. En este sentido, Gonzalo Alonso recuerda la “contradicción” en la que el propio coordinador general entró en una resolución, subrayando que “no es intención del funcionario que suscribe poner de manifiesto hechos que pudiesen dar lugar al cese del coordinador por resultar contradictorio en sus planteamientos”, incidiendo además en que “seguramente respondió a la excesiva carga de trabajo que soporta, así como a la elevada responsabilidad en el ejercicio de sus funciones”. 

Además, resalta en todas sus alegaciones irregularidades en la contratación del Concello, con fraccionamiento de contratos y fraude de ley, así como “falseamiento de la verdad”, en referencia a las acusaciones obstruccionistas en incorporación de remanentes de créditos, cuando, recuerda el interventor, “una vez son devueltos por Intervención (…) son decretados por el alcalde sin más trámite”. Además, resalta que ninguno de los reparos formulados por él en 2022 fue “objeto de comentario o censura” del gobierno local.

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