Los audios publicados por La Región en los que el alcalde de la tercera ciudad de Galicia, Gonzalo Pérez Jácome, se jacta de saber blanquear dinero público o el burdo intento de endosar una multa de tráfico a dos funcionarios están en la Fiscalía de Ourense y ya tienen un número, una especie de DNI que acredita que forman parte del engranaje judicial para la averiguación de los delitos denunciados ante el Ministerio Público por tres partidos políticos (PSOE, PP y BNG).
El PSOE fue el primero en llegar a la Fiscalía y tradujo en ocho supuestos delitos las incendiarias conversaciones del alcalde con su entorno de confianza: coacción al funcionariado, suplantación de identidad, falsedad documental, malversación de caudales públicos, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y financiación ilegal.
Por su parte, la denuncia del PP, apuntalando seis delitos, entre ellos la organización criminal, no seguirá su propio camino: se acumuló a las diligencias de investigación penales número 66/2023, las promovidas por los socialistas, tal como le acaba de comunicar el teniente fiscal, Julián Pardinas, “por tratarse de los mismos hechos denunciados”. Otro tanto de lo mismo ocurrirá cuando llegue la denuncia del BNG, que se canalizó a través de la Fiscalía General del Estado en Madrid.
Precisamente, fue este último partido el primero en mover ficha a nivel judicial cuando en la mañana del sábado día 6, tras la publicación del primer audio por parte de La Región, denunció un supuesto delito de falsedad en documento público en el juzgado de guardia. Días después, la juez a la que llegó por reparto requirió a la formación política que presentase querella y, por tanto, fianza de 2.000 euros para poder formar parte activa como acusación popular en el procedimiento penal.
Pero desde última hora de la mañana de ayer, ya consta una querella en la oficina del decanato, que hoy la turnará a Instrucción 3: la que presentó el BNG por falsedad en documento público (artículo 390.3 del Código Penal), que contempla penas de tres a seis años de cárcel y multa de 6 a 24 meses, además de hasta seis años de inhabilitación para el desempeño de empleo y cargo público. Alude al audio e información publicada por La Región el 6 de mayo. En esa grabación, el alcalde trata de endosar una multa de la Policía Local de Vigo por exceso de velocidad a dos funcionarios del Concello de Ourense: “Lo que no pueden hacer es que pillen (…) y me apunten a mí; con eso pierdo votos”. Esta conversación la mantuvo antes de que apareciese en escena Rafael Martínez Cachafeiro (Rafa “Reporter”), el número 6 de la lista de DO, como conductor del Peugeot color mostaza infractor, perteneciente a la flota de vehículos del ente local. Previamente, tal como revela el audio, presionó a dos funcionarios del área de Tecnología como posibles candidatos a conductor sancionado. “A lo mejor necesito uno de vosotros dos, obviamente no quiero ningún problema para vosotros, que … uno de vosotros dos, que fuisteis a … no se va a hacer público, ¿no? Es por el tema de la multa (…)”, dice el mandatario local cuando los llama a capilla.
Pero, según el abogado que rubrica la querella, podría haber más delitos si se tira del hilo. “Eventualmente, da investigación xudicial que se leve a cabo, poderíase falar dunha malversación de uso (artículo 432 bis del Código Penal) se se acredita que a viaxe a Vigo non tivo unha finalidade pública”, explica Xoán Antón Pérez Lema. En la querella, los nacionalistas piden a La Región que aporte el audio del 6 de mayo; la certificación del coche multado así como todo el papel que movió el expediente sancionador tanto en el Concello de Ourense como en el de Vigo. La querella reclama la declaración de Pérez Jácome como imputado, además de otros trabajadores públicos (Martínez Cachafeiro y los dos trabajadores a los que lanzó el lazo en calidad de testigos), además de otras diligencias.
En la Fiscalía
Las diligencias de investigación en la Fiscalía (tienen carácter preprocesal, es decir, son previas a una denuncia formal en un juzgado) son alusivas a todos los audios. El letrado del BNG entiende que debe quedar fuera el primero, porque ya forma parte de la querella por la multa, pero no impide al Ministerio Público investigar a Jácome por conversaciones en las que habla de dinero en b (sin tributar) para financiar la campaña, el partido o su televisión, comisiones en obras públicas y mordidas al sueldo del personal eventual, así como promesas de plazas en la Administración local. Estas actuaciones podrían encuadrarse en delitos de cohecho, malversación tráfico de influencias o financiación ilegal. En la publicación del 8 de mayo de este periódico, un interlocutor no identificado (el PSOE dice que es Francisco Lorenzo, jefe de Gabinete) pregunta a Jácome cómo va a blanquear el dinero en B para gastar en la campaña y se planifica el cobro a cierta empresa de dinero en negro para el partido. La respuesta es clara: “Pues con donaciones de la gente”. Y exhibe su estrategia: “Mira, estamos haciendo para la campaña; la ley te permite financiar un máximo de 50.000. Nosotros con esta cantidad nos llega … Oficial o B ¿no?”.
Organización criminal
El PP llega a considerar a Jácome, Francisco Lorenzo, al que alude el alcalde como “el conseguidor”, y a otros asesores pendientes de identificar como supuesta organización criminal que actúa al amparo de un grupo político, Democracia Ourensana (DO) “para de manera concertada y coordinada repartir tareas para cometer delitos”. Jácome alude a Fran en varias ocasiones cuando habla con un interlocutor: “(…) Él me dice que lo que está haciendo vale mucho más de lo que está pagado su sueldo (…). Y me dice Fran que me dijo que cualquier persona que haga de conseguidor te cobra 10.000 euros”. Y hasta el propio alcalde en tono jocoso asegura: “Nos van a meter en chirona”.
Por el momento, ni la juez ni la Fiscalía lo han llamado a declarar, pero el BNG ya ha pedido que comparezca en calidad de investigado.
