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CONCELLO DE OURENSE
El juzgado de lo social de Ourense ha declarado nulo el cese del interventor del Concello, además de dictaminar que considera probada una situación de "acoso en el trabajo" promovida por el alcalde de la ciudad, Gonzalo Pérez Jácome, a través de reiteradas manifestaciones durante las sesiones plenarias y sus redes sociales. La sentencia recoge que se indemnice con una cantidad de 30.000 euros al habilitado nacional y declara la nulidad del cese de puesto de trabajo.
“La sentencia recoge y tipifica una conducta que a las y los miembros del grupo municipal socialista no nos resulta ajena. El continuo abuso de su posición con difamaciones, calumnias e insultos que exceden, con mucho, de la crítica política y que solo tienen como fin dañar a la persona a la que se dirigen, despreciarla y desprestigiarla, son una constante en el salón de plenos y en el Concello de Ourense", señala la edil del PSdeG María Fernández Ojea.
El juez afirma que el regidor inició "una campaña de desprestigio" del interventor municipal "que no tenía otra finalidad que justificar ante la opinión publica el futuro cese de su puesto por resultar un funcionario incómodo" y que lo apartó de sus labores a pesar de existir un informe del Ministerio de Hacienda "que se opone radicalmente a ello". Así mismo, señala el magistrado que se trata de una actuación "completamente ilegal por la falta de competencia del alcalde, conforme a la normativa vigente, para proceder al cese del demandante". Ante estas explicaciones, el grupo socialista ha exigido la dimisión del alcalde de la ciudad.
"Esta no es la primera denuncia a la que se enfrenta el alcalde del Concello de Ourense y refleja, a lo largo de sus 18 páginas, la situación tóxica y de peligro para la salud mental y laboral de las trabajadoras y trabajadores municipales, así como las y los miembros de la Corporación", recordó la edil socialista. Se trata de la segunda sentencia que el gobierno de la tercera ciudad de Galicia, bajo el bastón de mando de Jácome, acumula por un delito de acoso laboral después de que la jefa de la Policía Local, María Barrera, llevase al juzgado a la administración y se dictaminase otra indemnización de 30.000 euros.
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