La Audiencia provincial de Ourense condenó a Francisco Javier B.N. a una pena de tres años de prisión y a una multa de 495 euros por un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.
El fallo judicial considera probado que el 22 de febrero del 2009, sobre las 19 horas, el procesado fue interceptado, en un control policial, en la avenida de la Diputación de O Barco. Los agentes, que le practicaron un registro, hallaron entre sus ropas una bolsa con 21 gramos de cocaína, droga que superaría un valor de 991 euros en el mercado. El fallo considera 'que pensaba destinarla, al menos, en parte, a la transmisión a terceras personas'. También tiene en cuenta que era consumidor habitual de cocaína, aunque 'sin resultar acreditada la intensidad de su dependencia, y por tanto, lo limitado de su capacidad volitiva'.
El tribunal estima que 'resulta incuestionable la posesión de la droga por parte del acusado, que él mismo asume', y que 'se pensaba destinar la misma a la venta'. Para sostener esta última afirmación, el fallo indica que el encausado 'admite ante su cuantía, que 'compartía con otras personas, sin que se hayan acreditado las circunstancias que darían la posibilidad de un consumo compartido impune'. Tambien tiene en cuenta el tribunal que la cantidad de estupefaciente que se le incautó, 'supera la que se considera justificada para un consumidor medio' y que 'su situación de desempleo, no explica los importantes desembolsos realizados para su adquisición'. La sentencia, concluye que, en referencia a la petición de la defensa de que se tuviera en cuenta una atenuante de drogadicción, que 'ninguna prueba se ha practicado al respecto'. No obstante, sí valora la reincidencia del procesado, que ya había sido condenado por el mismo delito.
El tribunal estima que 'resulta incuestionable la posesión de la droga por parte del acusado, que él mismo asume', y que 'se pensaba destinar la misma a la venta'. Para sostener esta última afirmación, el fallo indica que el encausado 'admite ante su cuantía, que 'compartía con otras personas, sin que se hayan acreditado las circunstancias que darían la posibilidad de un consumo compartido impune'. Tambien tiene en cuenta el tribunal que la cantidad de estupefaciente que se le incautó, 'supera la que se considera justificada para un consumidor medio' y que 'su situación de desempleo, no explica los importantes desembolsos realizados para su adquisición'. La sentencia, concluye que, en referencia a la petición de la defensa de que se tuviera en cuenta una atenuante de drogadicción, que 'ninguna prueba se ha practicado al respecto'. No obstante, sí valora la reincidencia del procesado, que ya había sido condenado por el mismo delito.
