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CARTA AL DIRECTOR
A raíz del reciente caso de la niña de Sevilla que se quitó la vida por sufrir acoso escolar, conviene reflexionar con serenidad sobre este grave problema. No creo que hoy haya más casos de acoso que hace diez o veinte años; lo que sí ha cambiado es la enorme difusión mediática y en redes sociales, que multiplica la visibilidad y la sensación de frecuencia. Sin embargo, esa percepción no resta gravedad al asunto. El acoso destruye vidas -de las víctimas, de sus familias, de sus amigos- y deja secuelas profundas, muchas veces invisibles y permanentes.
Hay, eso sí, una diferencia esencial respecto al pasado: con las nuevas tecnologías, la mensajería instantánea y las redes sociales, el acoso ya no termina al salir del colegio. Es continuo, masivo, y ocurre las veinticuatro horas del día, los siete días de la semana. Para una mente en desarrollo, eso es una auténtica barbaridad.
Tampoco ayuda que en España existan 17 protocolos diferentes contra el acoso, uno por cada comunidad autónoma. Debería existir un protocolo nacional, obligatorio y eficaz, y sobre todo, que se cumpla. Demasiadas veces los protocolos son un adorno burocrático que nadie aplica, y cuando se incumplen, nadie asume responsabilidades.
Además, quizá sea momento de revisar las leyes. Los menores de 14 años son inimputables y los menores de 18 no pueden ser juzgados conforme a las normas generales. Sin una justicia robusta, sin consecuencias claras y sin ejemplos que marquen límites, no habrá concienciación que valga. Resulta llamativo que en España el acoso escolar no esté tipificado como delito, cuando sí lo está en muchos países occidentales.
Proteger a los menores exige determinación y medidas reales. No bastan las campañas, los eslóganes ni los “días contra el acoso”. Hace falta acción, coherencia y valentía política. Porque de lo contrario, seguiremos lamentando tragedias que todos decimos querer evitar.
Andrés Gómez
(Ourense)
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