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Hay profesiones cuyo valor no se mide en salarios ni en prestigio, sino en el riesgo que asumen por defender el interés común. Entre ellas destaca el periodismo de investigación, una labor que, lejos de la retórica, se ejerce a menudo bajo presión, amenazas y silencios impuestos. Quienes la practican no solo informan: incomodan.
En una sociedad democrática, denunciar los usos y abusos del poder -sea institucional o fáctico- no debería ser una heroicidad, sino una garantía. Sin embargo, la realidad demuestra lo contrario. Cuando revelar la verdad implica exponerse a represalias económicas, judiciales o incluso físicas, algo falla en nuestro sistema de protección de derechos.
No se trata solo de proteger a periodistas, sino de preservar el derecho ciudadano a saber. Cada investigación que destapa corrupción, negligencia o arbitrariedad fortalece la democracia; cada intento de acallarla la debilita.
Conviene recordarlo: el silencio beneficia al poder; la verdad, a la sociedad. Y quienes se atreven a contarla merecen algo más que reconocimiento simbólico: merecen protección efectiva. Porque cada año deja una huella trágica: profesionales de la verdad asesinados por ejercer su oficio.
Pedro Marín Usón
(Zaragoza)
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