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CARTA AL DIRECTOR
A más de una década de su abdicación, la figura del rey emérito Juan Carlos I sigue generando controversia y desconfianza entre amplios sectores de la ciudadanía española. Lo que en su momento fue considerado el símbolo de la transición y del paso pacífico de la dictadura a la democracia, hoy está marcado por una sucesión de escándalos judiciales, financieros y éticos que han deteriorado profundamente su credibilidad pública.
Las investigaciones abiertas, tanto en España como en Suiza, sobre el presunto origen opaco de su fortuna, las comisiones recibidas por la intermediación en contratos internacionales y su posterior salida del país en 2020, configuraron una imagen incompatible con los valores de transparencia y ejemplaridad que se exigen a la jefatura del Estado. Aunque parte de las causas fueron archivadas por motivos legales o fiscales, el daño reputacional fue irreversible.
A ello se suman las recientes declaraciones del exteniente coronel Antonio Tejero, implicado en el intento de golpe de Estado del 23F, que reavivan las sospechas históricas sobre el papel que habría podido desempeñar Juan Carlos I en aquel episodio. Sin perjuicio de la veracidad o no de tales afirmaciones, el hecho de que persista la duda refleja una falta de confianza estructural hacia quien ocupó el más alto cargo del Estado.
La monarquía, como institución, solo puede sostenerse sobre la base de la confianza y la legitimidad moral. Cuando el ejemplo personal se ve comprometido, se erosiona también la credibilidad del sistema que representa. Hoy, muchos ciudadanos perciben que el Rey Emérito ha incumplido ese deber ético, dejando una herida abierta en la relación entre la Corona y la sociedad española.
José Manuel Varela Mosquera
(Ourense)
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