No todo es cuestión de azar

Ante un accidente ferroviario, lo primero es el respeto a las víctimas, el dolor por las vidas perdidas y la solidaridad con quienes, de un día para otro, ven cómo su mundo se rompe. Hay momentos en los que sobran las palabras y en los que cualquier consideración política debería quedar en segundo plano. Pero el silencio que exige el duelo no puede convertirse en el silencio que protege la irresponsabilidad, ni el respeto a las víctimas puede servir de excusa para eludir las preguntas que necesariamente deben formularse.

No todo es cuestión de azar. La fatalidad existe, los accidentes pueden ocurrir y no todas las tragedias son evitables. Pero también existen la imprevisión, el abandono, el desorden, la insolvencia en la gestión y la incapacidad para anticiparse a los problemas. Y cuando hablamos de infraestructuras, de seguridad y de servicios esenciales, la diferencia entre lo inevitable y lo evitable puede medirse en vidas humanas. Por eso, antes de aceptar que todo ha sido una desgracia, es imprescindible conocer los hechos, investigar las causas y determinar si alguien dejó de cumplir con sus obligaciones.

Lo preocupante es que esta tragedia se produce en una sociedad en la que cada vez resulta más difícil sustraerse a una sensación de deterioro general. Pagamos más, recibimos menos y tenemos que conformarnos con servicios cuya calidad no siempre está a la altura de lo que cuestan. La vida se encarece, las obligaciones se multiplican y la incertidumbre se instala en el día a día.

Hay algo profundamente injusto en exigir cada vez más a quienes tienen cada vez menos margen para vivir

Para el ciudadano, cada error tiene un coste inmediato; cada avería altera su vida; cada deficiencia le obliga a buscar una solución por su cuenta. Para quienes ocupan los puestos de responsabilidad, en cambio, las consecuencias son más difusas… Comparecencias, explicaciones, comisiones de investigación y promesas de que todo se revisará para que no vuelva a suceder. Después, el tiempo pasa, la atención pública se desplaza hacia otro asunto y las respuestas terminan perdiéndose en el olvido.

Hay algo profundamente injusto en exigir cada vez más a quienes tienen cada vez menos margen para vivir, mientras quienes administran lo común parecen protegidos de las consecuencias de sus propios errores. El problema no es que existan impuestos, una sociedad necesita recursos para mantener sus servicios y proteger a sus ciudadanos. El problema aparece cuando la recaudación se convierte en una maquinaria cada vez más eficaz para exigir, pero no encuentra una eficacia equivalente para responder; cuando se reclama puntualidad al contribuyente, pero no siempre se ofrece diligencia desde la Administración; cuando el ciudadano debe justificar hasta el último euro y, sin embargo, la gestión del dinero público no siempre está acompañada de la transparencia y la exigencia que debería caracterizarla.

Ahora mismo, ante un accidente ferroviario de esta envergadura, lo esencial es acompañar a las víctimas, respetar el dolor de sus familias y conocer la verdad. Pero mañana seguirá siendo necesario exigir que las infraestructuras sean seguras, que los recursos se administren con sensatez y que las responsabilidades no se escondan detrás de la complejidad burocrática ni de la conveniencia política.

José Manuel Varela Mosquera

(Ourense)