Policía Local de Barbadás

Hay cuerpos de policía que inspiran respeto. Y hay otros que inspiran la necesidad de mirar dos veces el retrovisor.

Yo conocí a uno de estos últimos en Barbadás, delante de la Casa da Cultura. Un lugar tranquilo, casi inocente, donde muchos vecinos hacemos una parada de dos minutos para devolver un libro en la biblioteca. Dos minutos. Literalmente. El tiempo justo para que el sentido común no tenga que ponerse el uniforme.

Desde la ventana vi cómo colocaban una multa en el parabrisas. Les grité, incrédula ante semejante despliegue de celo administrativo. La retiraron. Me pidieron que moviese el coche. Fin de la historia. O eso creí. Días después, en una publicación del concello sobre la flamante entrega de nuevos vehículos policiales, comenté: “A ver si les reparten también un poquito de ética”. Y no, no fue un exabrupto. Fue una observación basada en la experiencia. Vivo en la frontera entre Barbadás y Ourense, pago mis impuestos en Barbadás y convivo a diario con un entorno donde se aparca en vados, aceras y pasos de peatones sin que pase absolutamente nada. Pero claro, yo paro dos minutos en un lugar que no molesta a nadie, un martes cualquiera a las siete de la tarde, y zas: multa. Luego se quejan de falta de efectivos. Lo de la ética, visto así, sonaba incluso amable.

Lo realmente interesante vino semanas después, cuando esa multa —sí, la que habían retirado— apareció en mi casa. Con un elegante “ausente” como excusa por no haber sido notificada en mano. Acudí a la comisaría. Vacía. Llamé por teléfono. Y entonces llegó la magia.

El agente insistió varias veces en que “usted fue la única persona que se fue de allí sin multar”. Acto seguido, me preguntó si yo había hecho comentarios en redes sociales sobre ellos. Comentarios que, casualmente, no habían sido de su agrado. Detalle sin importancia, supongo.

Recuperar una sanción previamente retirada tras un encontronazo posterior con el mismo agente tiene un nombre feo: represalia. No solo es feo. Tiene un nombre jurídico: lo que el Código Penal define como prevaricación administrativa, dictar una resolución arbitraria a sabiendas de su injusticia.Presenté alegaciones. Las denegaron. Pagué 80 euros. Y tomé otra decisión: contar esto. Porque el problema no son los uniformes. El problema es cuando alguien cree que el uniforme le concede una superioridad moral, una licencia para castigar opiniones y una amnesia selectiva sobre la ley. Mientras sigan reclamando más medios y más personal, quizá deberían empezar por algo más básico: más ética, personal y profesional.

Blanca Álvarez González (Barbadás)