La alcaldesa de Melón inicia la "legalización" de dos edificios públicos con órdenes de derribo

La alcaldesa de Melón, Cristina Francisco Vílchez (PP), ha iniciado los trámites de "legalización" de dos edificios públicos sobre los que pesan sendas sentencias firmes de derribo. Se trata de un polideportivo construido cerca del monasterio de Santa María de Melón y del multiusos de Quins, destinado a guardería y gimnasio.

La regidora ha explicado que tiene la "obligación" de intentar legalizar ambas infraestructuras en un municipio sin plan de urbanismo, pues el último fue anulado judicialmente por la falta de alguno de los informes preceptivos y por incluir la legalización del polideportivo cuando ya tenía sentencia de derribo.

Las obras de ese polideportivo levantado cerca del monasterio supusieron la inhabilitación de su marido y anterior alcalde, Alberto Pardellas, hasta el año 2021, en base a una condena judicial firme y al rechazo del indulto que pidió.

En concreto, la condena fue por negarse a ejecutar la demolición de ese polideportivo, ordenada por una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) en 2008, y también supuso la imposición de una multa de 120.000 euros.

"INTENTAR LEGALIZAR"

Ahora, según ha explicado la primera edila de Melón, un pleno extraordinario que se convocará la semana próxima servirá para aprobar inicialmente un plan especial para "intentar legalizar" el polideportivo.

No obstante, sobre él pesa una sentencia firme de febrero de 2015 para su demolición, que da tres meses a la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) para hacerlo.

Además, la semana pasada ya se celebró un pleno similar para el edificio multiusos. En una sesión extraordinaria, el pleno dio su aprobación inicial --con los votos a favor de los siete ediles del PP-- a un plan especial para esa infraestructura. El pleno duró cinco minutos, según han relatado a Europa Press el único edil del PSOE y el otro independiente.

NO SE DERRIBARÁ

En relación al polideportivo situado en el entorno protegido del monasterio declarado Bien de Interés Cultural, la alcaldesa ha asegurado que "no se va a derribar". "Terminaremos esta tramitación, pues fue consensuada con Patrimonio a la hora de redactar el plan especial", ha mantenido, ya ha añadido que lleva "mucho tiempo" trabajando en este proceso.

"Siempre que haya una vía de legalización tenemos que intentarla antes de que se llegue al derribo, y tengo informes de que es posible", ha recalcado.

En lo que atañe a ambos edificios, se sucedieron hasta ahora las resoluciones judiciales, pues desde la aprobación del Plan General de Ordenación Municipal en 2008 llegó la sentencia del TSXG que lo anuló en 2011 "por no ser conforme a derecho", de modo que el Ayuntamiento de Melón carece de planeamiento en la actualidad.

Además, una sentencia del TSXG, firme desde septiembre de 2012, suspendió el plan parcial que afectaba al suelo en el que se levantó el multiusos. Esa sentencia fue el resultado de una denuncia vecinal de que se seguían haciendo obras en él, para instalar y dotar varios servicios como el de guardería o gimnasio.

Sin embargo, la APLU había ordenado al ayuntamiento en noviembre de 2011 que paralizase las obras y que restaurase "la legalidad urbanística" tras una infracción "muy grave".

QUE SE DERRIBE

A continuación, una sentencia del TSXG de abril de 2014 confirmó una anterior del contencioso de Ourense y ordenó la "reposición de la legalidad" al estado anterior del terreno donde se construyó el multiusos, y que luego fue equipado para acoger gimnasio, guardería y otros servicios.

Según el fallo del contencioso, en respuesta a las alegaciones el Ayuntamiento de Melón, "no se alcanza a entender la obstinación del ayuntamiento" en no reponer la legalidad tras la anulación del plan parcial para la zona donde se construyó por no cumplir los requisitos urbanísticos.

"Es indiferente la finalidad de las obras y con qué fondos se hayan financiado, ya que ello no obsta a que se cumplan todos los trámites legalmente establecidos", según la sentencia que sigue sin ejecutarse y que supondría el derribo del multiusos.

POSIBLE PREVARICACIÓN

En noviembre de 2014, el juzgado de Ribadavia inició una investigación penal por la denuncia de un vecino contra la alcaldesa, el anterior alcalde y marido de la primera, el secretario-interventor, el arquitecto técnico municipal y los concejales de la junta de gobierno y del pleno "que hayan votado a favor de ejecutar obras o ejercer actividades dentro del espacio del plan parcial del parque empresarial de Melón".

Según la denuncia, todos actuaron para hacer obras y abrir actividades "a sabiendas de que eran prohibidas por la normativa urbanística e incumpliendo conscientemente resoluciones judiciales firmes". Atribuye a los denunciados "maniobras prevaricadoras, por acción y por omisión" con el "único" objetivo de "hacer su voluntad particular".