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POBREZA ENERGÉTICA
A las puertas del invierno, y en plena ola de frío, la provincia afronta una cruda realidad, como es la pobreza energética. Más de 39.000 hogares ourensanos, casi una tercera parte del total, no pueden permitirse mantener estos días una temperatura adecuada, según los datos del Instituto Nacional de Estadística en su Encuesta de características esenciales de las viviendas. Esta estadística, que hace referencia a las instalaciones y equipamiento de las viviendas, señala las diferentes caras que tiene la pobreza energética en la provincia. Por un lado, 10.000 hogares de la provincia no cuentan, ni siquiera, con sistema de calefacción instalado ni un mero radiador portátil. Otros 14.400, no tienen calefacción pero sí cuentan con otros sistemas para calentar las viviendas como estufas, braseros o radiadores eléctricos. Los otros más de 100.000 hogares tienen distnitos sistemas de calefacción instalados, pero 15.000 de llo sno pueden permitirse el lujo de utilizarlos, al no contar con los recursos suficientes para hacer frente al pago de las facturas.
La pobreza energética afecta a aquellos hogares que no pueden permitirse mantener la vivienda en unas condiciones de climatización adecuadas para la salud (18º a 20º C en invierno y 25º C en verano, según el criterio de la Organización Mundial de la Salud).
La subida de las tarifas eléctricas ha llevado a muchas familias a priorizar agua y luz, por encima de la factura del gas
Uno de los factores que contribuyen a agravar ese problema es el aumento constante de los precios de la energía. En los últimos años, las tarifas eléctricas han experimentado un incremento significativo, lo que ha llevado a muchas familias a enfrentarse a facturas que no pueden pagar y a tener que priorizar suministros como el agua y la luz, por encima del gas.
Una de las paradojas que más frustración provoca en este sentido es que, a pesar de ser una de que Ourense es una de las provincias españolas que produce más cantidad de energía, esto no repercute en el bolsillo de los ourensanos y los precios siguen siendo inaccesibles para muchos.
A pesar de que existen ayudas para las familias que no pueden hacer frente a las facturas de calefacción como el bono social eléctrico, la realidad es que muchas viviendas ourensanas siguen sin poder beneficiarse de estas iniciativas, lo que deja a muchas familias en una situación de vulnerabilidad frente a los meses de frío.
Las entidades sociales confirman un aumento de la atención a personas en riesgo de pobreza energética en los últimos años
Las consecuencias directas de la pobreza energética afectan en primer lugar a la salud de las personas. Vivir en una casa con temperaturas bajas o con humedades de forma prolongada está relacionado con el desarrollo de enfermedades físicas y mentales, que perjudican especialmente a bebés, adolescentes y personas mayores. También existen otras consecuencias indirectas relacionadas con aspectos sociales como el absentismo laboral, el bienestar o el rendimiento educativo.
Las entidades benéficas confirman un aumento de la atención a personas en riesgo de pobreza energética en los últimos años. Desde Cruz Roja, apuntan a que la “carestía de la vida” provoca que cada vez más familias ourensanas tengan que priorizar la comida, la luz y el agua por encima de mantener la calefacción en sus hogares. Ángela Ramallo, responsable de comunicación de Cruz Roja en Ourense, señala que desde su entidad llevan años impartiendo ayuda específica para los afectados por la pobreza energética a través de talleres para las familias en situación de vulnerabilidad, en lo que se explican los pormenores de las facturas y donde se dan consejos para ahorrar gastos y mejorar la eficiencia energética en sus hogares. Además de educar en un consumo más responsable, en la campaña invernal de la entidad también se distribuyen estufas y mantas para los afectados.
Por su parte, desde Cáritas Ourense señalan que la subida en los precios de los alquileres es el principal causante de esta situación. “Las familias ahora tienen que hacer frente a 500-600 euros de alquiler. Si a eso le sumas que también han subido los precios de luz, agua, gas y comida, llevas a que las familias prioricen comer y tener agua y luz por encima de la calefacción”, señala Óscar Diéguez, coordinador de programas de Cáritas.
Para paliar los efectos de los altos precios de la electricidad, en 2018 el Gobierno creó una ayuda para rebajar la factura de luz, con el objetivo de proteger a hogares y familias vulnerables. Este programa busca aliviar la carga económica que suponen los suministros básicos durante los meses más fríos del año. La provincia de Ourense cuenta 14.488 beneficiarios del bono social eléctrico según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Entre los grupos de beneficiarios hay uno que llama especialmente la atención. Y es que son más de un millar los pensionistas ourensanos que tiene que acogerse a esta ayuda social porque su prestación no es suficiente para costear las facturas. Mientras que el resto de beneficiarios pertenecen a familias numerosas (1.222) o se acogen al bono social eléctrico por motivos de renta (12.218).
Las cifras ourensanas son preocupantes si la comparamos con las provincias vecinas. A Coruña y Pontevedra que cuadriplican y triplican, respectivamente, en población a la provincia de Ourense, solo cuentan con el doble de beneficiarios del bono social.
Desde las entidades benéficas como Cruz Roja, señalan que el proceso para acogerse a estas ayudas es relativamente sencillo, pero el problema llega porque muchos colectivos vulnerables no cumplen los requisitos para acceder a ellas: “Suele pasar que muchas personas que atendemos no cumplen con los requisitos porque o no tienen los papeles en regla o viven de alquiler y no pueden acogerse a estas ayudas”.
Hasta el presente año la Xunta aportaba a este bono social un complemento de 150 euros a través Consellería de Economía e Industria. Un complemento que ha quedado congelado por parte del gobierno gallego, aduciendo una bajada de las facturas de luz y gas. Desde la propia consellería se señala que no se descarta retomar la ayuda en un futuro si la situación lo requiere.
Durante el tiempo que estuvo vigente, la Xunta de Galicia admitió retrasos en los pagos del mismo debido a los enredos burocráticos.
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