Jácome, obligado por la Justicia a despedir a 50 contratados desde 2020

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Ourense da dos meses de plazo al alcalde Pérez Jácome para que cumpla la sentencia en la que se anula el capítulo I de los Presupuestos Municipales del ejercicio económico 2020 -por haber incumplido el Concello la obligación de la negociación colectiva- y que no se ha acatado al completo. Tras una demanda del sindicato CSIF, el juzgado ha emitido esta misma semana un incidente de ejecución forzosa en la que obliga al Concello a anular todos los puestos de trabajo de nueva creación desde el año 2020 en adelante, que quedaron sin partidas asignadas, pero también aquellos que fueron modificados o amortizados. Según los cálculos sindicales, se verían afectadas alrededor de 50 personas que entraron en el Concello desde que Gonzalo Pérez Jácome tomó el poder.

Este nuevo varapalo judicial al gobierno local se une a otras dos sentencias que esta misma semana condenaban a Jácome por acoso al interventor y anulaban el cese de su puesto, así como la que anulaba un puesto creado por el alcalde para elegir a dedo en el Consello Municipal de Deportes.

La ejecución definitiva de la sentencia que ordena la magistrada contempla que “se ha suspendido la aplicación del capítulo 1” de los presupuestos, pero subraya que “no se ha procedido a anular los actos y disposiciones aprobados en materia de personal”. Es decir, Jácome no hizo borrón y cuenta nueva, sino que solo hizo cuenta nueva.

Con ello, alrededor de medio centenar de personas que entraron en el Concello en puestos creados por Jácome desde 2020 hasta ahora tendrán que abandonar la institución en un máximo de dos meses, aunque será el juzgado el que determine el número de puestos exactos. Además de “retrotraer los presupuestos municipales del 2020 en su capítulo 1 al ejercicio presupuestario del 2014”, algo que sí hizo Jácome vía decreto, también deben retrotraerse a ese año “los puestos dotados en el anexo de personal y retrotraer todas las modificaciones de esos puestos, que debieran ser declarados nulos”. Es decir, la ejecución obliga al alcalde y al gobierno local a cesar a todos aquellos trabajadores que nombró bajo el amparo de los presupuestos del 2020. Entre ellos se encuentran altos cargos directivos creados desde su llegada, como el coordinador general Francisco Cacharro Pardo (quien ya tiene preparada su salida, de todas formas, a la Diputación); el director general de Innovación, Tecnología e Inteligencia Artificial, donde colocó a su amigo Juan Carlos Fernández Fasero tras la dimisión de David Olivier; así como gran parte de los interinos que entraron a trabajar en programas específicos creados por el alcalde.

Ahí se incluirían las trabajadoras sociales que entraron en el programa de refuerzo poscovid, los trabajadores de Informática que están en La Molinera; la plaza de Técnico de Xuventude que ocupa Francisco González; el puesto de Jefe de Administración del CMD, y también asesores que tienen tanto Jácome como los otros grupos, pues hay 27 eventuales y en 2014 había 13. Jácome tiene dos meses para cumplir la sentencia o se enfrenta a una multa entre 150 y 1.500 euros

Dos meses de plazo para cumplir y evitar una nueva multa

¿Por qué medio centenar de puestos creados desde que llegó Jácome deben desaparecer?

El juzgado señala que, teniendo en cuenta la sentencia de 2021 que anulaba la parte de personal del presupuesto de 2020, hay que regresar a la situación inmediatamente anterior a su anulación, es decir, a los presupuestos de 2014 que sustituyen al anulado. Por tanto, han de anularse “aquellos actos y disposiciones que fueron aprobados en materia de personal por la entidad local en el ejercicio 2020 sin la negociación obligatoria con la parte sindical”, y que esto afecta “a los puestos de trabajo de nueva creación en los años 2020, 2021 y 2022, pero también a los que fueron modificados o amortizados, o a los eventuales adaptados en aquellos ejercicios, todo ello sin la obligatoria negociación con la parte sindical”.

Una vez que eso se haga, se dará por cumplida la sentencia. Ahora, el juzgado efectuará un nuevo requerimiento para que cumpla lo acordado, bajo amenaza de multas coercitivas en caso de incumplirse. El Concello tiene ahora 15 días para alegar.

Una sentencia que Jácome se buscó al no negociar con los sindicatos

Todo esto supone un desmoronamiento de la estructura de afines creada por Jácome en el Concello, un nuevo varapalo a su controvertida gestión, pues llega tras su negativa a negociar los Presupuestos de 2020 con los sindicatos, pese a que la ley lo recoge como obligatorio.

El CSIF, sindicato que preside la junta de personal, fue a la vía judicial contra las irregularidades de Jácome y ha pedido la ejecución de la sentencia como reacción a la negativa del alcalde a aprobar el Plan de Estabilización que convertiría a decenas de interinos y personal laboral en funcionarios, y que el regidor está retrasando injustificadamente.

CSIF: “Solo los juzgados frenan los desvaríos de este prohombre”

CSIF, que también está detrás de la anulación del nombramiento del Jefe de Administración del Consello Municipal de Deportes, dijo, en boca de Javier Nóvoa, que “el adalid de la transparencia, el perseguidor del enchufismo, el que proclamaba a los cuatro vientos que los puestos deben cubrirse atendiendo a los principios de igualdad, mérito y capacidad no predica con el ejemplo”. Avanza que “seguiremos denunciando este tipo de chanchullos y prácticas caciquiles. No hay más sordo que el que no quiere oír y solo los juzgados, que hasta la fecha nos han dado la razón en todo, son capaces de corregir los desvaríos de este prohombre”