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En una rueda de prensa celebrada junto al ex director de Termalismo, David Cortón, Sánchez Vidal aseguró que 'el interés del PP va mucho más allá', que es 'decapitar' al gobierno municipal que estaba entonces al frente de la alcaldía a fin de impedir la aprobación del PGOM.
Cortón insistió en que la denuncia presentada por los populares responde al 'ataque sistemático' de los populares para que no se aprobase el plan, en base a supuestos intereses económicos y urbanísticos.
El caso de los paneles saltó a la luz pública en 2008, tras una denuncia del PP en relación a la concesión de una contrata de paneles informativos y publicitarios a una empresa creada supuestamente para tal fin, Afiador Produccións S.L., operación que finalmente fue cancelada.
El Tribunal Supremo ratificó la absolución de los tres imputados, el exteniente de alcalde del bipartito municipal, Alexandre Sánchez Vidal (BNG), el exdirector xeral de Turismo y Termalismo, David Cortón, y el exjefe de servicio Elías Domínguez al 'no haber lugar' al recurso de la Fiscalía.
Sánchez Vidal cree que no había motivos para presentar dicha denuncia y que el PP lo que pretendía era 'construir un relato para justificar una acción judicial que decapitara a un gobierno sólido'.
A juicio de los nacionalistas, los populares, a los que denominó de 'Comando Gürtel y hombres de Bárcenas', les acusaron de 'verdaderas barbaridades. Y no porque lo digamos nosotros sino porque lo dicen dos sentencias'.
Más allá, y tras reconocer una 'mala gestión administrativa', que posteriormente se subsanó, ha recordado que el origen de este caso era poner tres pantallas de información municipal, a tiempo completo y a coste 0'.
Finalmente, cuestionó el trabajo del fiscal, Florentino Delgado, por realizar la investigación 'sin ninguna base'.
La investigación, que continuará ahora por la vía del Contecioso-Administrativo, podría suponer reclamaciones económicas al Ayuntamiento, algo que confía en que no suceda, al entender que es la empresa quien 'actuó con manifiesta mala fe e ilegalmente'.
Preguntado por las declaraciones del PP, que advirtió de la posible reclamación patrimonial que podría hipotecar al Ayuntamiento, advirtió de que parece que el PP quiere que el Ayuntamiento 'tenga que pagar 30 millones' cuando es el Ayuntamiento 'quien debería pedir daños y perjuicios a la empresa'.
Los dos ex cargos del BNG reclamarán ahora al Ayuntamiento las costas derivadas de la defensa jurídica, tras recordar que como funcionarios tienen ese derecho una vez absueltos, aunque consideran que deberían ir 'a cargo del PP'.
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