Aena cree difícil cogestionar la red con las comunidades

El presidente y consejero delegado de Aena, Maurici Lucena, defendió con firmeza en la Junta General de Accionistas el modelo de gestión integrada y centralizada de la red aeroportuaria española, rechazando de plano cualquier fórmula de cesión, transferencia o cogestión de los aeropuertos a las comunidades autónomas. Lucena subrayó que las demandas de participación en la gestión procedentes de diversas autonomías (Cataluña, País Vasco, Canarias, Baleares, Andalucía, Galicia o Navarra) son incompatibles con el marco constitucional y legal vigente. “El derecho de propiedad está consagrado nítidamente en la Constitución española, al igual que la competencia exclusiva del Estado en materia de aeropuertos de interés general y la libertad de empresa”, afirmó.

El directivo, que fue reelegido como presidente de Aena, recordó que los aeropuertos españoles de interés general están sujetos a un régimen jurídico específico recogido en la Ley 18/2014, que está protegida por la Constitución, que declara la competencia exclusiva del Estado sobre estas infraestructuras y que protege la propiedad privada y la libertad de empresa. El presidente recordó que el 49% del capital de Aena -y, por tanto, de sus infraestructuras y del know-how de sus profesionales- pertenece a accionistas privados, cuyo valor asciende a unos 20.000 millones de euros según la capitalización bursátil (que ronda los 40.000 millones). “Los aeropuertos de Aena funcionan muy bien y son propiedad exclusiva de Aena. Cualquier cesión o participación en la gestión que vulnere estos principios sería incompatible con la Ley 18/2014 y con el deber fiduciario de los administradores”, añadió.

Lucena insistió en que la gestión de los aeropuertos corresponde exclusivamente a los órganos de gobierno de la sociedad mercantil Aena (Junta General de Accionistas, Consejo de Administración y equipo directivo), en defensa del interés societario y no según decisiones de actores externos. Según explicó ante los accionistas de la compañía, la Ley de Sociedades de Capital protege los intereses de los accionistas minoritarios de todas las empresas. Legalmente, añadió, “el Estado no podría imponer nunca en Aena el rodillo del 51% para aprobar decisiones que perjudiquen el interés de la compañía y dañen a los accionistas como la transferencia de aeropuertos o la gestión a terceros”. El directivo valoró positivamente la colaboración y coordinación con las comunidades autónomas y ayuntamientos, siempre que respete los límites constitucionales y no altere la autonomía de gestión ni la estructura de red de Aena. “Colaboración sí, cesión no”, resumió.