Las constructoras alertan de un alza del 34% en los costes

La guerra en Irán iniciada en febrero del año pasado por Estados Unidos e Israel provocó un aumento del 33% en el precio de los materiales bituminosos y del 34% en el de la energía entre enero y agosto de 2026, según informó este martes la Asociación Nacional de Constructores Independientes (ANCI), que reclamó medidas de carácter “urgente y excepcional”.

Los costes de otros materiales también se incrementaron por la presión de los gastos de producción y transporte. El aluminio subió un 19%, el acero corrugado un 18%, los materiales cerámicos un 12% y el cobre un 11%, de acuerdo con los Índices de Precios de Materiales de Construcción, que intervienen en las fórmulas de revisión de precios.

La asociación, que agrupa a constructoras no cotizadas, previó además que el repunte de la inflación, que duplicó su valor desde el comienzo de la guerra hasta situarse en el 4,9% en septiembre, repercutirá a corto plazo en los costes laborales.

ANCI advirtió de que los precios de los combustibles y los materiales de obra “siguen muy por encima” de los niveles anteriores al conflicto. La organización describió esta situación como “sobrevenida e imprevisible” para unos contratistas que no pudieron incorporarla a sus ofertas y señaló su “clara similitud” con la crisis de 2021-2022, cuando se aprobaron medidas excepcionales de revisión de precios.

En octubre, según el informe de su Servicio de Estudios, “persiste la incertidumbre” sobre la evolución geopolítica en Irán y el tránsito de materias primas por el estrecho de Ormuz condicionado por la inestabilidad mundial. El tráfico volvió a resentirse este mes por la multiplicación de ataques y la prima de riesgo seguía elevada.

“Los analistas advierten, además, de un riesgo añadido: la falta de capacidad mundial de refino, que encarece los productos refinados del petróleo, entre ellos los betunes y los combustibles”, añadió la asociación.

Concursos púbicos

ANCI señaló que los sobrecostes afectan a todas las obras y “muy especialmente” a las carreteras, con un incremento medio del 11%, que alcanza el 20% en los trabajos de renovación o rehabilitación de firmes. Las adjudicadas con precios anteriores al inicio de la crisis y sin revisión ordinaria afrontan, advirtió, “un riesgo elevado de ruptura del equilibrio económico del contrato”. En obras adjudicadas antes de 2021, los nuevos incrementos se suman a sobrecostes acumulados de entre el 27% y el 55% del precio de adjudicación. La compensación máxima está limitada al 20% por el mecanismo de revisión excepcional establecido en el real decreto ley 3/2022. La asociación reclamó medidas para asegurar la viabilidad de los contratos públicos en ejecución, similares a las adoptadas durante la crisis de precios de 2022.