La deuda de las comunidades podría sumar 13.708 millones

Los gobiernos autonómicos podrían ver incrementada su deuda pública en más de 13.708 millones de euros en los próximos tres años, según las previsiones de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) en pleno debate por el planteamiento del Ministerio de Hacienda para asumir una parte del déficit autonómico.

En base a estos datos que hizo públicos recientemente el “think tank” económico, las comunidades autónomas cerrarían el año 2028 con un total de 362.944 millones de euros de deuda pública, 13.700 millones más que las previsiones de cierre de este 2025.

Cabe recordar que la deuda pública es el conjunto del déficit de cada administración autonómica, mientras que la propuesta del Gobierno pasa por condonar la deuda que tienen las comunidades con el Estado, aunque también pretende asumir un porcentaje del déficit comercial de las comunidades que no tienen deuda con el Estado.

Diferentes supuestos a tener en cuenta

En cualquier caso, Fedea realizó sus estimaciones de evolución de la deuda pública autonómica en base a diferentes supuestos. En 2025, la deuda total ascenderá a 349.236 millones, según estos cálculos, mientras que en 2026 crecerá hasta los 353.673 millones, en 2027 hasta los 360.098 millones, mientras que en 2028 será de 362.944 millones.

Con esto, la fundación económica prevé una variación de la deuda pública autonómica de más de 13.700 millones de euros entre los años 2025 y 2028.

Lo que propuso el Ministerio de Hacienda a las comunidades autónomas es asumir hasta 83.252 millones de euros de deuda de comunidades autónomas del régimen común, un planteamiento que salió adelante en el Consejo de Política de Fiscal y Financiera (CPFF) pese a las reticencias del PP.

La idea de Hacienda para la condonación de la deuda surge después del acuerdo que alcanzó el PSOE con ERC para la investidura de Pedro Sánchez, en el que se plasmó una quita del déficit para Cataluña y posteriormente se precisó que se plantearía algo similar en el resto de comunidades.

Sin embargo, esta propuesta se tiene que materializar en una ley orgánica que tiene que contar con el aval de las Cortes Generales, algo que todavía no se ha producido.