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El pleno del Parlamento Europeo reclamó este martes que la Unión Europea pueda restringir determinadas exportaciones de materiales estratégicos, para evitar que salgan del territorio comunitario recursos que podrían reciclarse y reutilizarse en la industria europea. Además, plantea crear un organismo especializado en gestionar reservas y coordinar compras conjuntas de materias primas esenciales para sectores como las baterías, los vehículos eléctricos, los componentes electrónicos y los equipos de defensa.
Así lo recoge un informe aprobado en Estrasburgo con 470 votos a favor, 83 en contra y 108 abstenciones. Los eurodiputados proponen reforzar la legislación sobre materias primas críticas con medidas que impulsen su extracción, procesamiento y reciclaje dentro de la UE, con el fin de reducir la dependencia de proveedores extranjeros y evitar interrupciones en el suministro.
En concreto, el texto introduce una cláusula que permitiría a la Comisión Europea limitar, bajo determinadas condiciones, la exportación de residuos y restos de imanes permanentes, utilizados en motores eléctricos y aerogeneradores, para que los materiales recuperables se aprovechen en territorio comunitario.
La iniciativa contempla una agencia europea de materias primas críticas, con financiación propia y capacidad para analizar los mercados, anticipar problemas de abastecimiento, organizar compras conjuntas y coordinar reservas estratégicas entre los Estados miembros. Para ello, la Eurocámara defiende dotarla de recursos suficientes, incluido un fondo de 2.000 millones de euros previsto en la propuesta de presupuesto comunitario para 2028-2034.
También se pide ampliar los mecanismos de adquisición conjunta, de modo que administraciones y empresas puedan almacenar de forma coordinada recursos esenciales, sobre todo ante restricciones comerciales o problemas en las cadenas internacionales de suministro. Otra modificación propone que sea la Comisión, y no cada Gobierno nacional, quien identifique a las grandes compañías que usan materias primas críticas en sectores estratégicos como baterías, aeronaves, drones, satélites, hidrógeno o microchips avanzados. Esas empresas deberían identificar el origen de sus suministros, evaluar riesgos de dependencia y adoptar medidas para reducir su exposición a posibles interrupciones. La eurodiputada del BNG Ana Miranda critica, sin embargo, los efectos medioambientales y sobre las comunidades locales de los proyectos mineros que favorece la Comisión. A su juicio, “proyectos considerados estratégicos para la Comisión como las minas de Touro-O Pino y de Doade incumplen normativas de la UE y tienen un negativo impacto medioambiental y social, igual que otros en Europa como la mina de Barroso en Portugal”.
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