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La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció ayer que, “en breve”, el Gobierno aprobará una modificación legal para que el accidente de Adamuz tenga la misma consideración que un accidente laboral.
“Puedo avanzarles que en breve aprobaremos una modificación legal para que el accidente de Adamuz tenga la misma consideración que un accidente laboral”, avanzó la titular de Hacienda durante su intervención en “Los Desayunos”, organizados por RTVE.
Esto implica, según la titular de Hacienda, prestaciones más elevadas para los heridos, pensiones de incapacidad permanente, viudedad y orfandad también mayores.
Según recordó Montero, esto ya se aplicó con motivo de la catástrofe de la dana y el Gobierno consideró que “es de justicia” hacerlo también ahora.
Por su parte, Montero también avanzó que ayer ya se empezó a pagar las ayudas a autónomos y a empresas afectados por las inundaciones en Andalucía y Extremadura.
La Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz se manifiesta hoy, a partir de las 18,00 horas, bajo el lema “Memoria, verdad y justicia”, en memoria de los fallecidos, “por la seguridad ferroviaria” y para que “se conozca toda la verdad sobre lo sucedido”.
La manifestación se iniciará en la estación de tren de Huelva y finalizará en la plaza de las Monjas, donde se procederá a la lectura de un manifiesto.
En declaraciones, el presidente de la asociación animó a toda la ciudadanía para que acompañen a esta manifestación, aunque incidió en que “no es una manifestación política” ni quieren contar con su presencia.
Además, señaló que no va a ser la única acción que van a emprender, ya que están ultimando más actividades con el objetivo de que “no se olvide lo que pasó”.
Así, la asociación explicó que las víctimas “siguen sin una respuesta institucional a la altura de la gravedad de lo ocurrido”. Transcurridas varias semanas desde el accidente, “las víctimas continúan enfrentándose a un escenario de descoordinación, incertidumbre, contradicciones y falta de acompañamiento efectivo por parte de las instituciones y administraciones públicas implicadas”.
En este contexto, la asociación señaló la responsabilidad compartida de los distintos actores del sistema ferroviario y administrativo, por lo que “la existencia de múltiples organismos no puede traducirse en una dilución de responsabilidades”.
Además, incidieron en que “existe una situación de abandono y desamparo institucional” a lo que se suma “la ausencia de una presencia institucional al más alto nivel y de un reconocimiento oficial”. Las víctimas “siguen esperando” un acto de homenaje en condiciones por parte del Estado, incluido el Ministerio de Transportes, “cuyos responsables aún no han dado la cara”.
Así, indicaron que las víctimas están soportando “información incompleta o contradictoria sobre lo ocurrido; ausencia de protocolos claros para accidentes de esta magnitud y naturaleza; falta de coordinación entre comunidades autónomas en la atención sanitaria; acceso desigual, lento y descoordinado a tratamientos y rehabilitación; presunta retirada o alteración de pruebas que quizás puedan ser determinantes para esclarecer las causas del siniestro”.
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