Carmen Pano afirma que llevó 90.000 euros a Ferraz por indicación de Aldama y que Ábalos “quería una casa”

CASO MASCARILLAS

Carmen Pano asegura que el dinero podría estar vinculado a la licencia de hidrocarburos y que Ábalos “quería una casa” a cambio de gestiones.

La empresaria Carmen Pano a su llegada al Tribunal Supremo
La empresaria Carmen Pano a su llegada al Tribunal Supremo | Alejandro Martinez Velez

La empresaria Carmen Pano ha declarado este jueves ante el Tribunal Supremo que el empresario Víctor de Aldama le pidió llevar 90.000 euros en efectivo a la sede del PSOE en la calle Ferraz (Madrid), en el marco del juicio por la presunta trama de mascarillas.

Pano ha explicado que realizó dos entregas de 45.000 euros cada una, una en taxi y otra con su chófer, asegurando que en ambas ocasiones fue recibida por una persona que la esperaba en la segunda planta del edificio. Según su testimonio, Aldama le indicó que debía hacer la entrega porque él no podía salir de su despacho.

Relación con licencias y presuntas contraprestaciones

La empresaria ha vinculado estas entregas con la tramitación de una licencia de hidrocarburos para la empresa Villafuel. Además, ha afirmado que Aldama le trasladó que el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, “quería una casa” como contraprestación por su intermediación.

En este contexto, ha señalado que el empresario Claudio Rivas, propietario de Villafuel, adquirió un chalet en La Alcaidesa (Cádiz) que, según supo posteriormente, estaba destinado al exministro.

Por su parte, la hija de Pano, Leonor González, también ha declarado como testigo y ha asegurado que Aldama y Koldo García habrían recibido 500.000 euros del exCEO de Air Europa, Javier Hidalgo.

González ha indicado que esta información le fue transmitida por el propio Aldama y ha aclarado que hubo dos reuniones distintas, una en un aeropuerto y otra en el domicilio del empresario, donde supuestamente se produjo la entrega del dinero.

Investigación en curso

Ambas declaraciones se enmarcan en distintas líneas de investigación judicial relacionadas con presuntas tramas de corrupción, en las que se analizan posibles pagos irregulares, intermediaciones y contraprestaciones vinculadas a contratos y licencias.

El proceso continúa en el Tribunal Supremo, que deberá valorar la veracidad de los testimonios y su relevancia dentro del conjunto de pruebas.

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