Estatuto del Becario: así cambia la regulación de las prácticas en España

REGULARIZACIÓN DE PRÁCTICAS

El Estatuto del Becario fija nuevos derechos para estudiantes en prácticas, obliga a las empresas a compensar gastos y establece sanciones de hasta 225.000 euros por incumplimientos en España. Te contamos todo lo que necesitas saber.

Dos jóvenes trabajadores jóvenes en una imagen de archivo.
Dos jóvenes trabajadores jóvenes en una imagen de archivo. | Europa Press

El Consejo de Ministros aprobó a principios de marzo el proyecto de Ley del Estatuto de las personas en formación práctica no laboral en la empresa, conocido como Estatuto del Becario, una norma que busca regular las prácticas y reforzar los derechos de estudiantes y jóvenes en formación.

El texto, pactado hace más de dos años entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos —pero sin el respaldo de la patronal—, inicia ahora su tramitación parlamentaria, un proceso que podría complicarse en el actual contexto político.

¿Qué es el Estatuto del Becario?

El Estatuto del Becario es una ley que pretende establecer un marco jurídico claro para las prácticas no laborales en empresas. Su objetivo es definir derechos, obligaciones y límites tanto para estudiantes como para empresas, así como fijar sanciones en caso de incumplimiento.

¿Por qué el Gobierno lo considera una “reforma laboral”?

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha calificado esta norma como “la reforma laboral para las nuevas generaciones”. Según el Ejecutivo, la ley busca evitar abusos y garantizar que las prácticas tengan un carácter formativo real, sin sustituir puestos de trabajo.

Entre las principales novedades:

  • Las prácticas deberán formalizarse por escrito
  • Se exigirá doble tutorización (empresa y centro educativo)
  • Se reconocen nuevos derechos para los becarios

Obligaciones para las empresas

Las empresas estarán obligadas a compensar los gastos derivados de las prácticas, como transporte, alojamiento o manutención, según lo establecido en convenios o acuerdos.

Además, el Estatuto introduce un régimen sancionador con multas que pueden alcanzar:

  • Hasta 225.018 euros en infracciones muy graves
  • Entre 7.501 y 120.005 euros según la gravedad

Se considerarán infracciones graves, entre otras, la discriminación o el uso de becarios como sustitutos de trabajadores.

Duración máxima de las prácticas

La norma establece límites claros:

  • Prácticas extracurriculares: máximo 480 horas
  • No podrán superar el 15% de los créditos ECTS
  • Límite conjunto del 25% en algunos casos
  • Máximo de 3 meses en titulaciones de al menos 60 créditos

Derechos de los becarios

Los estudiantes en prácticas tendrán derecho a:

  • Integrarse en el entorno laboral
  • Acceder a instalaciones y recursos de la empresa
  • Recibir formación efectiva
  • Contar con supervisión

También deberán cumplir normas internas, confidencialidad y prevención de riesgos laborales.

Obligaciones de los estudiantes

Entre sus responsabilidades:

  • Cumplir horarios y tareas asignadas
  • Seguir las indicaciones de sus tutores
  • Mantener contacto con el tutor académico
  • Presentar informes de seguimiento

Tramitación y dudas sobre su aprobación

El Estatuto del Becario debe ser aprobado por las Cortes Generales, lo que introduce incertidumbre sobre su futuro.

Las tensiones políticas y la falta de consenso, junto con críticas de universidades por no haber participado en su elaboración, podrían dificultar su aprobación definitiva.

Cómo denunciar abusos en prácticas

El Gobierno ha habilitado el Buzón de las personas Becarias, gestionado por el Instituto de la Juventud (Injuve) junto a la Inspección de Trabajo.

A través de este canal, los estudiantes pueden denunciar:

  • Falta de relación entre prácticas y estudios
  • Sustitución de trabajadores
  • Ausencia de tutorización
  • Tareas inadecuadas

Una ley clave para el futuro laboral juvenil

El Estatuto del Becario supone un intento de poner fin a los abusos en las prácticas no laborales en España. Con más control, derechos y sanciones, el Gobierno busca garantizar que las prácticas sean una verdadera herramienta de formación y no una vía de precarización laboral.

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