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CRISIS MIGRATORIA
El Gobierno iniciará el lunes 11 de agosto el traslado de menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo desde Canarias a la Península, con una primera derivación de ocho jóvenes, según han informado fuentes de la reunión entre los ejecutivos estatal y canario. Los traslados serán semanales y se priorizarán recursos pequeños de titularidad estatal repartidos por todo el territorio, garantizando que “prevalezca siempre su integridad, su bienestar y su interés superior”, con una especial atención al seguimiento posterior de los menores ya reubicados.
Los menores, en su mayoría malienses, presentan un perfil “altamente vulnerable”, al huir de conflictos y llegar solos. También se encuentran niñas y adolescentes, por lo que se han reforzado las medidas de acompañamiento y protección específicas para este colectivo.
La entidad colaboradora Engloba realiza valoraciones individualizadas previas al traslado, consideradas “clave” por las autoridades para garantizar la idoneidad del destino. Una vez completados los expedientes, se eligen los perfiles según necesidades y destino, en coordinación con el Ministerio Fiscal.
La directora general de Infancia del Gobierno canario, Sandra Rodríguez, explicó que el Estado se comprometió a realizar dos traslados semanales de entre 15 y 20 menores, excepto la primera salida. También destacó la “complejidad” del proceso por las trayectorias vitales de los menores y señaló que se buscan plazas que “más se ajusten a sus necesidades”. Se han hecho entrevistas previas en el centro Canarias 50 para afinar la asignación de los recursos, teniendo en cuenta factores como idioma, salud mental o vinculación cultural.
El Gobierno ya trasladó a 141 menores a Canarias 50 y ha aprobado una partida de 40 millones para crear 1.200 plazas en la Península, de las que 750 las gestionará el Ministerio de Migraciones. Estas plazas se están concretando con entidades colaboradoras que operan en varias comunidades autónomas. El objetivo es que estén disponibles “de forma inmediata” y puedan activarse a medida que se vayan finalizando las valoraciones y cerrando los traslados.
El centro de Pozuelo de Alarcón no se usará para estos traslados, y se descartó el envío de menores con protección internacional a la Comunidad de Madrid, según comunicaron a Isabel Díaz Ayuso. En cambio, el Ejecutivo busca colaboración en otras comunidades más receptivas para garantizar el éxito del procedimiento. Además, se están ajustando calendarios y perfiles con las entidades implicadas para poder afrontar futuras derivaciones hacia finales de año sin saturar los recursos actuales.
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