La jueza dice que el Govern conocía el desborde del Poyo

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja (Valencia) asegura, en un auto, que los audios de las llamadas al 112 “confirman que la Administración Autonómica, competente en materia de protección civil, a través del 112 Comunidad Valenciana, conocía perfectamente que el barranco de Chiva se había desbordado a su paso por el término de Chiva, con tal intensidad” que perdieron la vida un padre y dos de sus tres hijos, ante la “impotencia” de la madre.

Así consta en una resolución en la que la instructora rechaza la petición del que fuera en el momento de la DANA secretario autonómico de Emergencias de la Generalitat Valenciana, Emilio Argüeso, -que fue citado como investigado por la jueza- de aclarar el auto en el que acordaba esa investigación.

Argüeso, en concreto, pidió, a través de su representación procesal, que se pormenorizara la totalidad de víctimas y sus circunstancias, “aunque fuere de forma somera, con expresión del lugar y momento, donde se levantó el cadáver de cada una de ellas” y que se expresara “qué comportamiento, qué hechos u omisiones incardinables, en algún artículo del Código Penal”, se le imputaban.

Asimismo, alegó que el día de la barrancada el 112 “no envió comunicación alguna” al Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi). “Y ello pese a que el director del Centro de Coordinación de Emergencias, de quien depende orgánicamente, formaba parte del Cecopi”, según señalaba en un recurso de reforma presentado ante el Juzgado por la defensa del que fuera “número 2” de la Conselleria de Justicia e Interior, al frente de la cual estaba entonces Salomé Pradas, también investigada en la causa. La jueza entiende que no ha lugar a la solicitud de aclaración solicitada y sostiene que “carece de sentido” aclarar el auto de 10 de marzo de 2025, que “establecía y justificaba de forma clara” la declaración como investigados de ambos ex responsables de la Conselleria de Interior.

Declaración de testigos

Así, señala que ese auto es consecuencia de las declaraciones de familiares y testigos, informes y documentación obrante en la causa en ese momento y recoge algunos casos, no la totalidad, en un proceso que sigue avanzando y suma “no solo nuevas declaraciones, sino también nuevas pruebas que confirman la procedencia de lo ya resuelto, la imprescindible citación como investigados” de Pradas y Argüeso. Y añade nuevos casos de víctimas: el fallecimiento en Paiporta de otro matrimonio que murió en el trastero-garaje de su vivienda, donde quedaron “encerrados y sin escapatoria” mientras sus dos hijos menores estaban en el domicilio.

Asimismo, en relación con los indicios, subraya que ese auto ya señalaba la “ingente información” de que se disponía por la Administración Autonómica, la AEMET, el 112, la CHJ y los medios de comunicación, “lo que hacía inexplicable la ausencia de respuesta por parte de la misma, la ausencia de avisos a la población, en cualquier lugar donde pudieran encontrarse, en la calle, en el trabajo, de camino a casa en sus coches, en los domicilios o en residencias de la tercera edad”.

La dana dejó 306.000 afectados, 11.242 viviendas y 141.000 coches

La catastrófica DANA del pasado 29 de octubre generó grandes daños personales y materiales en la Comunidad Valenciana, que fueron cuantificados y desgranados ayer por el vicepresidente segundo del Consell, Francisco José Gan Pampols: 306.000 personas afectadas, 11.242 viviendas, 141.000 vehículos y 800 kilómetros de carreteras, entre otros. Así lo especificó el vicepresidente durante la presentación del Informe de Diagnóstico del Plan de Recuperación Económica y Social de la Comunitat Valenciana, en un acto que estuvo presidido por el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón.

Por otra parte, la Generalitat reiteró ayer que ninguno de los 29 miembros del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) en “toda la tarde” del 29 de octubre, día de la DANA, habló del barranco del Poyo “ni una sola vez”, en un órgano en el que están incluidas la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Delegación del Gobierno y el 112. Así lo indicaron fuentes de la Generalitat tras el auto de la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja (Valencia).

La Generalitat reitera que “ninguna de las agencias responsables de la información que dice la jueza que permitían conocer que el barranco se estaba desbordando transmitieron nada al Cecopi de sus propios datos al respecto durante toda la tarde” y se pregunta si “tenía que ser la administración regional la que interpretara los datos de la Aemet en el lugar de la Aemet y los datos de la CHJ en nombre de la CHJ”.