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Ameijeiras, que asistió hoy en Pontevedra a un acto institucional de reconocimiento del trabajo desarrollado por los profesionales de la seguridad privada, en declaraciones a los periodistas admitió que existe un problema latente en la sociedad que es preciso erradicar.
El responsable gubernamental analizó las consecuencias que, situaciones como el realojo del poblado de O Vao (Poio) y Penamoa (A Coruña), están provocando en el ámbito social en el territorio gallego.
La ejecución de sentencias judiciales, en el primero de los casos, y la aplicación de planes de erradicación del chabolismo, promovidos por la Xunta, en ambos contextos, están generando tensiones entre comunidades gitanas, asociaciones de vecinos y las administraciones.
La Delegación del Gobierno tiene que amparar la legalidad que protege a todos los ciudadanos, sean payos o gitanos, afirmó Ameijeiras, quien aludió a los principios básicos constitucionales, para lograr una convivencia plural, para lo que propuso fomentar el dialogo y la compresión y evitar presiones que conduzcan a malas situaciones.
Recordó que el problema de la droga hay que tratarlo, como un acto ilícito y perverso para la sociedad, pero, según el delegado del Gobierno en Galicia, no todo el mundo tiene que ser culpable o sospechoso por el color de su piel, concluyó Ameijeiras.
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