Las diputaciones ofrecerán defensa legal a los concellos pequeños en Galicia

NUEVA NORMATIVA

El proyecto normativo del PP incrementa la financiación de la defensa jurídica de los concellos pequeños de Galicia hasta los 140 millones de euros

Diego Calvo, ayer en el Parlamento.
Diego Calvo, ayer en el Parlamento. | Europa Press

La futura ley de administración local prosigue su tramitación en el Parlamento después de que los populares rechazaran su devolución al Gobierno gallego. El PP votó en contra de las enmiendas a la totalidad de BNG y PSdeG, que incidieron en la “falta de diálogo” al diseñar un proyecto que tildaron de “poco ambicioso”, pese a afectar a los 313 ayuntamientos de Galicia.

Antes del debate, el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, destacó que la norma está “adaptada a la realidad de Galicia” y “preparada para los retos del futuro”. Explicó que atiende “las particularidades de la comunidad y aspectos como la diversidad del mapa municipal, la dispersión y el envejecimiento de la población o el reto demográfico”.

Calvo defendió que el proyecto “refuerza a las diputaciones provinciales”, facilita compartir recursos, incorpora tecnología y fija un nuevo modelo de financiación. Frente a las críticas, esgrimió que el documento superó “un proceso de audiencia e información pública en el que se evaluaron cerca de medio millar de aportaciones”. Insistió en que permitirá “derogar cinco leyes autonómicas e integrar en un único texto cuestiones dispersas”. El proyecto no atribuye nuevas competencias, sino que concreta las existentes. Así, habilita un mecanismo de consulta electrónica para que los consistorios participen en la elaboración de los presupuestos provinciales. El texto también incorpora áreas funcionales temporales y agrupaciones de municipios para compartir personal técnico y reducir los costes estructurales.

En el ámbito organizativo, la ley prevé la creación de la vicealcaldía en los ayuntamientos de más de 30.000 habitantes, donde la Junta de Portavoces será obligatoria. La modernización de la Administración local incluye la regulación de las sesiones mixtas y a distancia, la retransmisión de los plenos y el uso de sistemas de inteligencia artificial. Finalmente, los municipios en situación de reto demográfico contarán con una asistencia prioritaria coordinada. Para sostener este andamiaje, la normativa blinda el papel de las diputaciones provinciales como administraciones de asistencia y cooperación frente a las limitaciones de las entidades de menor tamaño.

Así, establece que estos entes supramunicipales asumirán la defensa jurídica de aquellos concellos de menos de 5.000 habitantes que lo soliciten, aliviando su falta de personal. Además, la ley fija la obligación de que las instituciones provinciales destinen un mínimo del 15 % de sus recursos económicos al Plan de Obras y Servicios de Competencia Municipal, lo que garantizará un flujo de inversiones clave en los territorios más castigados poblacionalmente.

En la oposición, la socialista Lara Méndez puso en duda el trámite de “consulta previa” y exigió escuchar a la Fegamp. El nacionalista Óscar Insua lamentó que se trate de “una ley antigallega”. Criticó que la iniciativa “consolide” el modelo provincial tras fulminar las comarcas.

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