Miguel Michinel
TINTA DE VERANO
Más vivienda
TINTA DE VERANO
Estas elecciones generales giran en torno a la vivienda, y no es casualidad. El precio de compra se incrementó en el segundo trimestre un 12,2% interanual, según el INE, tras más de cuarenta trimestres consecutivos al alza. Los alquileres siguen subiendo en casi todas las capitales. Y la edad media de emancipación ronda los 30 años, cuatro más que en la Unión Europea. Detrás de esas cifras late un desajuste profundo.
El diagnóstico apenas admite discusión. En 2025 se crearon en España unos 240.000 hogares y se terminaron unas 92.000 viviendas. El Banco de España calcula que entre 2021 y 2025 se ha acumulado un déficit de unas 750.000, que podría superar el millón en 2028. Pero la mitad se concentra en seis provincias: Madrid, Barcelona, Alicante, Valencia, Murcia y Málaga. Es decir, no hace falta vivienda en todo el país, sino en lugares concretos.
A esa brecha se suma una anomalía histórica: el parque de vivienda social apenas representa entre el 1,5% y el 3,3% del total, frente a una media europea superior al 9%. España confió durante décadas en la propiedad y en una vivienda protegida que, pasado un tiempo, se descalificaba y pasaba al mercado libre; de modo que hoy carecemos del colchón público que en ciudades como Viena o Ámsterdam amortigua las subidas.
La respuesta política consiste, como es habitual, en propuestas irreconciliables. El Gobierno aprobó un Plan Estatal de 7.000 millones y una cascada de decretos-ley: dos cayeron en el Congreso el 2 de octubre, precipitando el adelanto electoral, y otro se salvó el 12 de noviembre por un solo voto. Ante este panorama, desde la oposición se propone derogar la Ley de Vivienda y aprobar en una nueva ley del suelo con carácter prioritario.
Pero, antes que los eslóganes, conviene detenerse en las evidencias. En Cataluña, donde rigen topes al alquiler desde 2024, la Generalitat constata que el precio de los nuevos contratos ha bajado ligeramente en las zonas reguladas, subiendo casi un 10% en el resto de la comunidad. Y, según algunas fuentes, se registra en Barcelona una caída de más del 20% en anuncios de alquiler, mientras que el de temporada se ha disparado.
También cabe preguntarse si resisten el examen las ayudas a la demanda, como rebajar el IVA de la primera vivienda o incluso suprimirlo, así como conceder préstamos sin interés para la entrada. Estas propuestas, ciertamente, alivian al comprador en el corto plazo. Pero cuando la oferta no puede crecer, buena parte de esa ayuda acaba trasladándose al precio. Subvencionar la demanda sin construir supone, en realidad, pagar la subida con dinero público.
Las soluciones pasan, primero, por suelo finalista, licencias ágiles y seguridad jurídica frente a la anulación de planes urbanísticos. Segundo, por construir un parque asequible que no se descalifique nunca, aprovechando que Bruselas permite ya compensar la vivienda asequible, no solo la social, sin notificación como ayuda de Estado. Y tercero, por contar con las comunidades autónomas, titulares de la competencia, sin las cuales nada de esto se ejecuta.
Ninguna de estas medidas dará fruto inmediato, y ahí reside la verdadera decisión política: quién soporta el coste mientras llega la oferta. Los propietarios, mediante regulación; los contribuyentes, mediante gasto; o quienes buscan vivienda, mediante precios. Cualquiera de estas elecciones puede ser legítima. Presentar un decreto como la gran solución, en cambio, no lo es: con eso no se construye una sola casa.
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