Luz verde a la transferencia de competencias del litoral

El Consejo de Ministros aprobó este martes el real de creto de transferencia de las competencias sobre el litoral a Galicia, que previsiblemente asumirá de manera efectiva el 1 de julio, una vez se publique en los boletines oficiales autonómico y estatal. El Ejecutivo que dirige Alfonso Rueda pasará así a tener el control sobre autorizaciones y concesiones de la comunidad de España con más kilómetros de costa: más de 2.500 en los que se asientan más de 4.000 edificaciones de todo tipo, incluidas más de cien empresas del complejo mar-industria, que la Xunta ve “esenciales” para la economía gallega.

Del alcance de este paso histórico ya informaron en una comparecencia conjunta a comienzos de abril el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. Entre las competencias transferidas, según figura en el decreto aprobado en Consejo de Ministros, se encuentran las autorizaciones de usos de temporada en playas y en el mar territorial, las autorizaciones en zonas de servidumbre de tránsito y acceso al mar o la vigilancia, así como la tramitación e imposición de sanciones.

Pero hay decisiones que seguirá tomando el Estado. En concreto, dentro de las funciones y servicios que se reserva el Gobierno estatal se encuentran la de fijar el importe de los cánones por la utilización del dominio público marítimo-terrestre; o el rescate de las concesiones demaniales cuando lo exija una razón de interés general vinculada a su ámbito. También la potestad sancionadora derivada de sus competencias, y que no se refieran a las infracciones por incumplimiento que le corresponda a Galicia.

El real decreto también establece una serie formas de cooperación entre las dos administraciones en materia de construcciones o modificaciones de puertos y vías de transporte; sobre los informes que deben emitirse desde el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico sobre los planes y normas de ordenación del litoral; o en materia de obras de interés general. Asimismo, el texto contempla formas de cooperación para el ejercicio de funciones concurrentes, en lo relativo a la construcción de nuevos puertos y vías de transporte, cumplimiento del régimen general del dominio público marítimo-terrestre, ejercicio de las potestades sancionadoras de las respectivas administraciones e inversiones en obras de interés general. En cuanto a los medios patrimoniales y personales que se transfieren a la Xunta, están 11 vehículos y 36 puestos de trabajo, entre ocupados y vacantes.