Aldama sostiene que Zapatero utilizaba teléfonos desechables

El empresario Víctor de Aldama, investigado en el caso que analiza los procedimientos del gobierno de España para comprar material sanitario durante la pandemia, asegura que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, imputado por varios delitos relacionados con corrupción, utilizaba teléfonos desechables.

Si bien el objeto de su comparecencia ante la Audiencia Nacional no guardaba relación con la causa abierta sobre el exmandatario socialista —a quien el juez Calama considera el líder de una trama de tráfico de influencias—, en su declaración reveló que un comandante de la Guardia Civil proporcionaba a José Luis Ábalos —actualmente en prisión— teléfonos de un solo uso para poder mantener conversaciones seguras.

Pero esta práctica, según su relato ante el juez Moreno, no se limitaba al exministro de Transportes: además del hijo de Ábalos, también Zapatero utilizaba este tipo de dispositivos, aunque no ahondó en los motivos por los que el expresidente podría necesitarlos ni aclaró si también provenían de Rubén Villalba.

Al margen de hablar sobre estos teléfonos, en su declaración también admitió que pagaba 10.000 euros a Koldo García, asesor de Ábalos que se encuentra también en prisión, como contraprestación por los contratos de mascarillas que habían negociado y, según Europa Press, por otros supuestos amaños de obra pública de los que también obtendría comisiones.

En este punto, indicó que no le constaba que se percibiesen pagos de este tipo por los contratos de Baleares, la comunidad que dirigía entonces Francina Armengol, hoy presidenta del Congreso, aunque sí de Canarias, cuyo ejecutivo presidía Víctor Ángel Torres, actualmente ministro del gobierno de Pedro Sánchez.

Zapatero, investigado

Zapatero se ha convertido esta semana en el primer presidente de la democracia española investigado por corrupción. En el marco de una causa sobre el destino de los 53 millones de euros del rescate público a la aerolínea Plus Ultra, el expresidente socialista deberá acudir a declarar ante la Audiencia Nacional el próximo día 2, imputado por delitos de tráfico de influencias, falsedad documental y pertenencia a organización criminal.

El papel de Zapatero, a quien el magistrado considera el líder de una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias, se materializa a través de la consultora Análisis Relevante. Administrada por Julio Martínez, un amigo del expresidente del gobierno, esta empresa facturó a Plus Ultra por informes y análisis que habría firmado el expresidente.

Ante la comisión del Senado que investiga la actuación de José Luis Ábalos —hoy en prisión— durante su etapa como ministro de Transportes, el propio expresidente admitió haber cobrado por esa labor cerca de 500.000 euros "contra factura" de esa compañía, que también contrató a la agencia de sus hijas para actividades de marketing y comunicación por 198.000 euros.

Sin embargo, el juez Calama eleva esa cuantía. Entre Zapatero y sus hijas habrían cobrado de forma irregular un total de 1,95 millones de euros en comisiones; un dinero que habría servido para pagar la influencia del exdirigente ante el gobierno que dirige Pedro Sánchez, a fin de lograr el rescate público de la pequeña compañía aérea, que ha ampliado recientemente su flota hasta los seis aviones según sus propios datos públicos.

El expresidente niega todo

Después de trascender el auto judicial, el expresidente hizo público un video en el que asegura que "jamás" hizo ninguna gestión ante la administración pública en relación con el rescate de Plus Ultra.

Asimismo, hace hincapié en que todas sus actividades se desarrollaron siempre con "absoluto respeto a la legalidad" y niega la ramificación internacional que describe el juez en su auto cuando atribuye al expresidente haber dado instrucciones para crear una sociedad off-shore en Dubái. "Jamás" —se reafirma Zapatero— "he tenido una sociedad mercantil, ni directamente ni a través de terceros, ni en España ni fuera de España, ni he participado en ninguna operación de este tipo".

"Ejerceré mi derecho a la defensa con toda la firmeza y con toda la convicción", concluye en su única aparición pública desde que se conoció que está imputado.