La "ley de nietos" irrumpe en la campaña electoral tras la decisión del Supremo sobre el voto exterior

La decisión del Tribunal Supremo de mantener la suspensión cautelar del derecho al voto de los nacionalizados al amparo de la "ley de nietos" ha irrumpido en el inicio de la campaña electoral de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. La resolución ha provocado distintas reacciones entre las principales fuerzas políticas, que discrepan sobre las garantías del proceso electoral y el alcance de los derechos de la ciudadanía española en el exterior.

Mientras el Gobierno considera que la medida supone una restricción injustificada del derecho al sufragio de los descendientes de exiliados, el Partido Popular y Vox han celebrado la decisión del alto tribunal, alegando la necesidad de preservar la legalidad y la transparencia del censo electoral. Desde Sumar, por su parte, se ha cuestionado duramente la actuación judicial y se ha reclamado recurrir ante el Tribunal Constitucional.

El Gobierno habla de "atropello" y "despropósito"

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha calificado de "atropello", "despropósito" y "dislate" la decisión del Supremo de mantener las medidas cautelares que impiden votar a los descendientes de exiliados nacionalizados a través de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática.

En una entrevista en el programa Malas Lenguas, de La 2, recogida por Europa Press, Torres ha cuestionado los motivos por los que se limita ahora el derecho al voto de personas que ya participaron en anteriores convocatorias electorales, incluidas las elecciones generales de 2023.

"Estamos hablando de una ley del año 2022 que hizo que en el año 2023 votaran personas en las elecciones autonómicas y locales, y en las elecciones generales", ha recordado el ministro, que considera injusto que los descendientes de quienes tuvieron que abandonar España por motivos políticos o ideológicos puedan verse privados de ese derecho.

Torres ha defendido que la Ley de Memoria Democrática permitió reconocer la nacionalidad española a descendientes de personas que tuvieron que marcharse del país, entre otros motivos, por la persecución política durante la dictadura. A su juicio, impedirles votar supone establecer una diferencia entre los descendientes de quienes permanecieron en España y los de quienes se vieron obligados a exiliarse."Es una absoluta injusticia", ha afirmado, al considerar que la decisión puede crear "españoles de primera" y "de segunda".

El ministro también ha cuestionado el momento en el que se ha conocido la resolución judicial, al coincidir con una fecha señalada para la memoria democrática, y ha confirmado que los afectados acudirán al Tribunal Constitucional. Torres ha expresado su deseo de que el tribunal resuelva antes del 29 de noviembre para que la decisión pueda tener efectos sobre el ejercicio del derecho al voto.

El PP celebra que el Supremo ponga límites al Gobierno

El Partido Popular ha respaldado la decisión del alto tribunal y ha centrado sus críticas en la actuación del Ejecutivo durante la aplicación de la ley de nietos. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que la resolución supone un límite a "la irresponsabilidad del Gobierno" y ha defendido que el proceso electoral debe desarrollarse sin dudas sobre la composición del censo.

"En unas elecciones no puede haber dudas sobre el censo. Ninguna", ha señalado Feijóo en una publicación en la red social X, en la que también ha acusado al Gobierno de actuar con "prisas y chapuzas".

En la misma línea, el secretario general del partido, Miguel Tellado, ha sostenido que el Estado de derecho se ha impuesto frente a los intentos del Ejecutivo de modificar las reglas del proceso electoral. Tellado ha añadido que el resultado de las elecciones del 29 de noviembre determinará quién debe presidir el Gobierno.

La formación popular interpreta así la decisión judicial como una garantía para la integridad del proceso electoral. El Supremo, por su parte, ha fundamentado el mantenimiento de las medidas cautelares en la necesidad de preservar la regularidad del censo y ha señalado que podrán votar quienes acrediten los requisitos establecidos en relación con el exilio de sus antepasados.

Vox reivindica una "gigante victoria judicial"

Vox ha celebrado igualmente la resolución y considera que el Supremo le ha dado la razón en sus objeciones a la participación electoral de determinados ciudadanos nacionalizados mediante la ley de nietos.

La formación de Santiago Abascal ha calificado el resultado de "gigante victoria judicial" frente al Gobierno de Pedro Sánchez y ha defendido que las elecciones deben celebrarse "sin fraude" y "sin alteraciones del censo".

Jorge Buxadé, jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo, ha sostenido que no se puede aceptar una modificación del censo que, a su juicio, no se ajuste a la legislación vigente. El dirigente ha reclamado elecciones "limpias" y un censo electoral transparente, además de animar a la participación en las urnas el próximo 29 de noviembre.

Buxadé ha ido más allá al anunciar que Vox auditará las nacionalizaciones concedidas si llega al Gobierno y cuenta con suficiente fuerza parlamentaria. También ha advertido de que exigiría responsabilidades penales a los funcionarios que, según su planteamiento, hubieran certificado hechos que no respondieran a la realidad.

El dirigente ha cuestionado la interpretación administrativa de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática y ha defendido que los solicitantes deben demostrar documentalmente los vínculos familiares y las circunstancias del exilio que permiten acogerse a esta vía de nacionalización.

Sumar acusa al Supremo de provocar un "pucherazo"

En el extremo opuesto, Sumar ha criticado con dureza la decisión judicial. Alberto Ibáñez, portavoz adjunto del grupo parlamentario y diputado de Compromís, ha resumido su rechazo con una frase publicada en X: "El pucherazo no era Correos sino en el Supremo".

Ibáñez ha reclamado acudir al Tribunal Constitucional para defender el derecho al sufragio de las personas afectadas y ha instado a actuar antes de la celebración de las elecciones generales del 29 de noviembre.

La formación considera que la suspensión del voto plantea un problema para el ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos nacionalizados al amparo de la ley de nietos. Su posición coincide con la del Gobierno en la defensa de que los afectados puedan ejercer el sufragio, aunque Sumar ha expresado sus críticas en términos especialmente duros contra el alto tribunal.