ANDALUCIA EN ESPAÑA
Más de tres décadas de Andalucía en el corazón de la Comunidad Valenciana
OPINIÓN
La “Ley de Nietos” se ha convertido en las últimas semanas en motivo de bronca entre los partidos políticos del arco parlamentario. Y dentro de esa bronca todos tienen algo de razón y mucho de equivocado.
La Ley, que pretende reconocer el exilio de miles de españoles por causa de la dictadura, la viene pidiendo la emigración desde hace décadas y los representantes de esta emigración, a través de asociaciones, federaciones, consejos de Residentes y Consejo General, vienen defendiendo su necesidad histórica.
Sí, decenas de miles, cientos de miles de españoles tuvieron que salir de España empujados por la represión y persecución franquista que habría caído sobre ellos de haberse quedado en España.
Sí, muchos de ellos murieron en el exilio, sin haber podido volver a su país. Otros lo hicieron décadas más tarde.
Sí, las heridas infringidas a esos españoles no solo las sufrieron ellos, también están reflejadas en la piel y en el alma, de sus hijos y nietos, aunque estos hayan nacido lejos, o muy lejos de España. Por lo tanto, la Ley que reconoce a estos “represaliados” y a sus descendientes la nacionalidad española es justa.
Otra cosa distinta es la decisión del Tribunal Supremo que la suspende de manera cautelar por razones jurídicas que son perfectamente entendibles.
Sí, razones que son entendibles en una democracia cuando la aplicación de la norma no se ajusta a lo votado por las Cortes Generales. Y ahí está la cuestión.
En las últimas semanas se ha oído de todo, por unos y por otros, pero lo que más me ha llamado la atención es el argumento de que la nacionalidad conlleva derecho a voto. Y estoy de acuerdo. Miren si estoy de acuerdo que, junto a otras organizaciones en Europa, en el seno de la Plataforma por el Voto Exterior, fui una de las personas que viajó (junto a otros representantes de Francia, Suiza, Alemania y Bélgica) hasta Madrid para reunirse con diputados y partidos políticos para evitar la infamia que supuso que, a los emigrantes, nos robasen el voto en las elecciones municipales. Sí, y además se impusiese el voto rogado en las otras elecciones. Por lo tanto, estos partidos políticos -exceptuando el PCE-IU y Coalición Canaria que no votaron la pérdida de voto de los emigrantes en las municipales- decidieron, de facto, separar la nacionalidad del voto… y no fue ayer. Por ello, llevarse las manos a la cabeza gritando a un ataque a la democracia suena falso. Dicho esto, los españoles deben poder votar en todas las elecciones que se celebren en España: referéndums, municipales, autonómicas, legislativas, europeas.
La realidad en la vida política española es que la desconfianza reina, la mentira y la trampa tienen voz, las intenciones escondidas de unos y otros no están tan escondidas.
Dejemos que la justicia haga su trabajo, que lo que vota unas Cortes no lo trasvista una norma y que se respete la letra y el espíritu de la Ley.
Cabe recordar, y quien lo ha hecho ha sido un hombre al que difícilmente se le puede criticar dada su estatura política y, sobre todo, su trabajo, que la relación nacionalidad-voto no es homogénea en Europa, ni va de sí. Que hay países que no permiten votar a sus nacionales cuando llevan muchos años lejos del país u otros, como Francia, que determinan circunscripciones distintas para los que viven en el extranjero no permitiéndoles votar en las circunscripciones generales. Quien nos recuerda esto es Josep Borrell, que creo no necesita presentación.
Las dudas del CGCEE sobre la repercusión de la suspensión cautelar por parte del Tribunal Supremo son legítimas y el CGCEE debe mantenerse firme para que no se mermen los derechos de los españoles en la emigración. El CGCEE debe evitar las rencillas partidistas de unos y otros y eso pasa por el respeto de las decisiones de justicia.
Sí, estoy convencido de ello, los emigrantes deben poder votar siempre en las elecciones, y lo deben de hacer porque no se puede poner en duda su apego, arraigo y españolidad. Y en la defensa de la igualdad de derechos también deberíamos retomar la lucha por recuperar el voto en las municipales que nos robaron al hacer el Consejo de Estado una lectura reductora de la norma que tan prestos hicieron suya los dos grandes partidos: PSOE y PP. Los mismos que hoy se rasgan las vestiduras.
Lo que hoy más me preocupa en este debate es que al final será la emigración la que pagará los platos rotos de esta batalla política y que seremos nosotros, los emigrantes españoles, los que llevan décadas luchando por nuestros derechos desde las asociaciones y federaciones los que nos veamos perjudicados con una reducción de
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