Portugal endurece el acceso a la nacionalidad con nuevos requisitos de residencia, idioma y antecedentes penales

El Gobierno de Portugal ha aprobado un significativo endurecimiento en los criterios para acceder a la nacionalidad portuguesa. La reforma, aprobada el lunes por el Consejo de Ministros, introduce nuevas exigencias de residencia, elimina facilidades para colectivos como los judíos sefardíes y contempla, por primera vez, la posibilidad de retirar la ciudadanía a quienes cometan delitos graves.

Uno de los principales cambios es la ampliación del tiempo de residencia legal necesario para solicitar la nacionalidad. Los ciudadanos de países de lengua portuguesa deberán acreditar al menos siete años de residencia (antes eran cinco), mientras que para el resto de nacionalidades el plazo se eleva a diez años. Además, el nuevo cómputo del tiempo comenzará a contar desde la obtención del permiso de residencia —y no desde la solicitud inicial, como hasta ahora—, tal y como explicó el ministro de la Presidencia, António Leitão Amaro.

Vínculo efectivo con la comunidad nacional

La reforma busca asegurar lo que el Gobierno denomina un "vínculo efectivo con la comunidad nacional". Para ello, se exigirá el conocimiento del idioma portugués, así como una prueba de conocimientos sobre los derechos, deberes y sistema político del país. También será obligatorio firmar una declaración solemne de adhesión a los principios del Estado de derecho democrático.

En el caso de los hijos nacidos en Portugal de padres extranjeros, la nacionalidad ya no será automática: será necesario que al menos uno de los progenitores haya residido legalmente en el país durante un mínimo de tres años y que exista una declaración expresa de voluntad de que el niño obtenga la ciudadanía.

Adiós al régimen especial para judíos sefardíes

El Ejecutivo también elimina el régimen extraordinario de naturalización para descendientes de judíos sefardíes, una medida que había sido ampliamente utilizada en los últimos años. A partir de ahora, la nacionalidad por ascendencia portuguesa se limitará únicamente hasta bisnietos, reduciendo significativamente el alcance de este mecanismo.

Otra de las novedades más contundentes es que, en determinados casos, las autoridades podrán retirar la nacionalidad portuguesa a ciudadanos naturalizados. Esto será posible como sanción accesoria decretada por un juez en casos de delitos muy graves, castigados con penas de prisión efectiva iguales o superiores a cinco años, y cuando el ciudadano lleve poco tiempo como nacional portugués.

Cambios en la Ley de Extranjería

Además de la reforma de la Ley de Nacionalidad, el Gobierno aprobó cambios en la Ley de Extranjería, afectando a los visados de búsqueda de empleo, la reagrupación familiar y los ciudadanos de la CPLP (Comunidad de Países de Lengua Portuguesa).

Visado de búsqueda de empleo: solo será accesible para personas altamente cualificadas, en el marco de acuerdos con instituciones de educación superior.

Reagrupación familiar: se exigirá una residencia mínima de dos años al inmigrante antes de poder solicitar la llegada de sus familiares menores.

Entrada con visado de turista: ya no será posible solicitar la residencia desde territorio portugués si se ha ingresado como turista o sin visado, incluso para ciudadanos de la CPLP.

Nueva Policía de Fronteras

Como parte del refuerzo del control migratorio, también se ha aprobado la creación de una Unidad Nacional de Extranjería y Fronteras, integrada en la Policía de Seguridad Pública (PSP). Su misión será controlar entradas, realizar inspecciones y gestionar las expulsiones de quienes incumplan la normativa.

Portugal da así un giro restrictivo en política migratoria, alejándose del enfoque más aperturista de los últimos años y siguiendo una tendencia similar a la de otros países europeos que endurecen los requisitos para la integración legal.