El PP exige en el Congreso 90 nuevas plazas diplomáticas para frenar el "colapso" de la red consular

El Partido Popular ha instado al Gobierno a crear al menos 90 nuevas plazas diplomáticas permanentes en embajadas y consulados de todo el mundo en un plazo máximo de dos años, con el objetivo de reforzar una red exterior que, según denuncia, sufre una situación de “colapso funcional”.

La Comisión de Exteriores del Congreso de los Diputados, celebrada el pasado martes, aprobaba una proposición no de ley presentada por el PP, en la que se reclama también la elaboración urgente de un informe sobre la adecuación de la red diplomática y consular a las necesidades actuales de España. La propuesta fue aprobada por puntos, con el objetivo de alcanzar el mayor consenso posible.

El primer punto, centrado en la creación de nuevas plazas, salió adelante tras un empate técnico: 17 votos a favor, 17 en contra y dos abstenciones, lo que obligó a recurrir al voto ponderado. En él se exige al Ejecutivo un plan dotado de presupuesto y con un calendario concreto para implementar estas 90 plazas adicionales en embajadas y consulados que presentan “una urgente necesidad de ampliación”.

Por otra parte, con el respaldo de Sumar, se aprobó también que el Consejo Ejecutivo de Política Exterior redacte un informe sobre la distribución y funcionamiento de las representaciones exteriores de España, tal como estipula la Ley de la Acción y del Servicio Exterior del Estado.

En la exposición de motivos, el PP advirtió de que “en los últimos años, nuestra red consular ha experimentado un proceso de deterioro alarmante”. El partido se apoyó en un informe reciente de la Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE), que alerta de una “situación de colapso funcional” debido al aumento exponencial de la demanda de servicios consulares —más de tres millones de españoles residen ya en el exterior— y a la insuficiencia presupuestaria acumulada.

Según el PP, las plantillas diplomáticas se han mantenido “prácticamente inalteradas desde hace más de dos décadas”, con especial impacto en los consulados de mayor tamaño en América Latina, donde la temporalidad del personal supera el 50%, lo que compromete, afirman, “la calidad, continuidad y estabilidad del servicio”.

El PSOE votó en contra de la iniciativa, aunque no ha trascendido aún su argumentación completa. La proposición no tiene carácter vinculante, pero su aprobación en comisión representa una presión política más sobre el Gobierno en materia de política exterior y atención a la ciudadanía en el extranjero.