El presidente de Asturias pide al lider del PP asturiano que aclare su posición sobre el voto de los españoles en el exterior

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha reclamado al líder del PP asturiano y portavoz de la oposición en la Junta General, Álvaro Queipo, que aclare su posición sobre el derecho al voto de los españoles residentes en el exterior que obtuvieron la nacionalidad a través de 'ley de nietos'. El asunto ha protagonizado uno de los momentos de mayor tensión de la segunda jornada del Debate de Orientación Política en la Cámara asturiana.

Barbón ha planteado a Queipo su posición después de la decisión del Tribunal Supremo de suspender cautelarmente los efectos electorales de la inscripción en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) de quienes obtuvieron la nacionalidad mediante esta vía, así como las nuevas inscripciones, con la excepción de aquellos casos en los que se acredite el vínculo familiar con personas que sufrieron exilio.

El presidente asturiano ha recordado durante su intervención que Queipo defendió en Argentina la prórroga de la 'ley de nietos' sin cuestionar entonces el voto de los emigrantes, y le ha reprochado que posteriormente guardase silencio después de las directrices marcadas por la dirección nacional de su partido.

La respuesta de Queipo se ha centrado en rechazar las atribuciones realizadas por Barbón y en defender la actuación del Tribunal Supremo. Durante su intervención, el dirigente popular ha preguntado al presidente asturiano: «¿Qué pasa, que usted no está de acuerdo con la decisión que tomó el Tribunal Supremo?», antes de establecer una comparación con el procedimiento judicial relacionado con Begoña Gómez.

La controversia se produce después de que el Tribunal Supremo acordase a comienzos de septiembre suspender cautelarmente el derecho de sufragio de los nacionalizados mediante la disposición adicional de la Ley de Memoria Democrática conocida como 'ley de nietos', hasta que dicte sentencia sobre el fondo del procedimiento. La medida afecta a quienes ya figuran inscritos en el CERA y a las nuevas inscripciones, salvo que se acredite ante los registros consulares la condición de descendientes de españoles que sufrieron exilio por razones políticas, ideológicas, de creencia o de orientación o identidad sexual.

El Supremo justificó las medidas cautelares por el incremento del número de electores inscritos en el CERA y por la necesidad, según sus autos, de preservar la transparencia y objetividad de los procesos electorales mientras se resuelve el procedimiento. A 1 de julio de 2026, el censo de residentes ausentes contaba con 2.736.522 electores, 408.262 más que en el correspondiente a las elecciones generales de 2023.

La decisión judicial cuenta, no obstante, con un voto particular de la magistrada María Alicia Millán, que consideró que la suspensión cautelar supone privar del derecho al sufragio a un número potencialmente elevado de ciudadanos y cuestionó que la participación electoral de estas personas constituyera por sí misma un perjuicio irreparable.

El Gobierno central ha recurrido la decisión del Supremo y sostiene que la incorporación de estos ciudadanos al censo no puede alterar el resultado electoral por una cuestión matemática. El Ejecutivo también ha advertido de las dificultades de los consulados para analizar todos los expedientes dentro de los plazos establecidos.Mientras se resuelve el procedimiento judicial, Exteriores ha indicado a los consulados que deben certificar los casos de nacionalizados por la 'ley de nietos' que acrediten su descendencia de exiliados y que, de acuerdo con la resolución del Supremo, mantienen el derecho al voto.

La cuestión queda así pendiente de la decisión definitiva del Tribunal Supremo, mientras el debate sobre los derechos electorales de los españoles residentes en el exterior se incorpora también a la confrontación política asturiana.