El voto que no llega y el mensaje que sí lo hace

El escrutinio definitivo del voto exterior en las elecciones autonómicas de Extremadura de 2025 vuelve a situarnos ante una paradoja que, a la luz de los datos acumulados en los últimos años, no parece coyuntural, sino claramente estructural. Por un lado, una participación extremadamente baja que cuestiona seriamente la efectividad real del voto CERA; por otro, un mensaje político nítido que emerge incluso desde esa minoría que logra ejercer su derecho. Y ese mensaje vuelve a señalar al Partido Socialista como la fuerza más votada por los extremeños residentes en el extranjero.

Los datos son claros y, a la vez, desalentadores. De las 30.610 personas residentes en el extranjero con derecho a voto en Extremadura —17.831 inscritas en Badajoz y 12.779 en Cáceres— apenas se recibieron algo más de 1.847 sufragios válidos, poco más del 5'7% del censo. Una cifra que no puede explicarse, solamente, por la apatía política de la emigración, sino por un sistema que continúa siendo poco accesible, ineficiente y, en demasiadas ocasiones, expulsivo.

Una herida que se abrió en 2011 y aún no se ha cerrado

La introducción del voto rogado en 2011 marcó un punto de inflexión negativo en la participación electoral de los españoles residentes en el exterior. La caída fue abrupta y sostenida, hasta niveles mínimos que evidenciaron una quiebra del principio de igualdad en el ejercicio del derecho al sufragio. La eliminación de este requisito en 2022 supuso un paso imprescindible para revertir esa situación, pero los datos posteriores demuestran que el daño causado no se repara únicamente con una reforma legal parcial.

A 1 de enero de 2025, más de tres millones de españoles residían en el extranjero, alcanzando la cifra récord de 3.045.966 personas, una cifra además creciente, impulsada no solo por los flujos migratorios recientes, sino también por los procesos de acceso a la nacionalidad española tras el aluvión de solicitudes registrado en los últimos años: alrededor de 2,3 millones de personas habrían solicitado la nacionalidad. Este crecimiento refuerza la magnitud del problema democrático que supone mantener un sistema de voto exterior poco funcional.

Extremadura como espejo del problema

El caso extremeño resulta especialmente ilustrativo. El voto exterior no cambió el reparto final de escaños, pero sí tuvo un efecto político concreto: permitió al PSOE conservar el escaño número 18 por Cáceres, que estaba en disputa por apenas 244 votos, e impidió que el Partido Popular alcanzara su diputado número 30. En total, los socialistas obtuvieron 629 votos desde el extranjero, frente a los 482 del PP, los 336 de Vox y los 300 de Unidas por Extremadura.

Por provincias, el PSOE fue la fuerza más votada tanto en Cáceres —317 votos frente a 279 del PP— como en Badajoz —312 frente a 203—. Son cifras modestas, pero reveladoras, sobre todo si se tienen en cuenta los malos resultados del PSOE dentro de la propia comunidad autónoma. La diáspora extremeña parece responder a lógicas políticas distintas, menos vinculadas al desgaste coyuntural y más relacionadas con una visión de largo plazo sobre los servicios públicos, la cohesión social y el papel del Estado.

A la baja participación se suma un problema menos visible, pero igual de grave: el elevado número de votos que se pierden por el camino. Según los datos analizados por el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) tras los últimos procesos electorales, una proporción significativa de los votos emitidos desde el extranjero acaba siendo declarada nula por errores formales, documentación incompleta o incumplimiento de plazos. En algunos comicios, uno de cada seis votos enviados no llega siquiera a ser escrutado.

En este último procesos electoral, el INE ha mejorado de forma notable las infografías explicativas del voto exterior, incorporando materiales más claros y códigos QR con acceso a vídeos, lo que supone un avance respecto a convocatorias anteriores. Sin embargo, el elevado número de votos nulos evidencia que el problema no reside en errores individuales, sino en un sistema de votación excesivamente rígido y poco adaptado a la diversidad de contextos postales y administrativos de los países de residencia. Cuando los fallos se repiten de manera generalizada, la responsabilidad deja de ser del elector y pasa a ser institucional.

Otra de las disfunciones estructurales del voto exterior es la falta de información clara y accesible. Votar desde fuera de España exige seguir una secuencia precisa de pasos que no siempre se explican de forma comprensible, especialmente para personas mayores, recién nacionalizadas o en situaciones de mayor vulnerabilidad. A ello se suman retrasos reiterados en la recepción de la documentación electoral, que en algunos casos llega semanas o incluso meses después de celebrados los comicios. En Europa el voto por correo representa el 80% de los votos pero hay países donde el voto por correo no existe.

Estos problemas han sido señalados de forma reiterada en informes técnicos, entre ellos los elaborados por el CGCEE, que advierten de que los plazos legales actuales no se ajustan a la realidad de muchos sistemas postales ni garantizan la igualdad efectiva del derecho al sufragio.

De la resignación a las soluciones posibles

Las soluciones no son desconocidas ni especialmente complejas. Mejorar la información institucional, simplificar procedimientos, adelantar y unificar envíos, ampliar los plazos de recepción, habilitar más centros de votación o reforzar el uso de canales seguros para el traslado de documentación son medidas asumibles que podrían tener un impacto inmediato en la participación.

A medio y largo plazo, el debate debe ser más ambicioso. La posibilidad de delegar el voto en el exterior, el desarrollo de sistemas de voto telemático con garantías suficientes, como ocurre en Francia donde la participación es superior al 40%, o incluso la creación de una circunscripción electoral específica para la ciudadanía en el exterior son propuestas que aparecen de forma recurrente en el debate público y que cuentan con precedentes consolidados en países de nuestro entorno.

La participación electoral es uno de los principales indicadores de la calidad democrática. Que una comunidad que supera ya los tres millones de ciudadanos siga teniendo enormes dificultades para votar debería interpelar a todas las fuerzas políticas. El voto exterior no es una cuestión marginal ni un problema técnico: es una prueba de hasta qué punto la democracia española es capaz de incluir a toda su ciudadanía.

El voto que no llega sigue siendo una deuda pendiente. Pero el mensaje que sí lo hace —como ha ocurrido en Extremadura— demuestra que existe una ciudadanía en el exterior atenta, informada y con una voz propia. Falta, simplemente, que el sistema esté a la altura de ese compromiso.