Argentina aprueba una polémica ley de glaciares que abre el camino a más explotaciones mineras

La Cámara de Diputados de Argentina dio esta madrugada el visto bueno definitivo a la reforma de la actual ley de Glaciares, vigente desde 2010, que incluye importantes modificaciones que permitirán facilitar la concesión de nuevas explotaciones mineras en el país y aumentan el poder de los gobiernos provinciales para autorizarlas. El gobierno de Javier Milei defendió esta reforma para facilitar un mayor desarrollo económico, mientras que desde la oposición advirtieron de que la reforma va a suponer una menor protección para los recursos hídricos y para zonas de gran valor ambiental, como denuncian también distintos grupos ecologistas.

La reforma, que ya había sido aprobada en el Senado a finales del mes de febrero, salió adelante con 137 votos favorables -incluidos los de algunos diputados de los grupos de oposición-, 111 en contra y tres abstenciones. Entre los puntos clave de la misma se encuentra la reducción de la máxima protección solo para las zonas que cumplan "una función hídrica comprobada o relevante", de forma que ahora será posible aprobar proyectos mineros que se encuentren en zonas que hasta ahora también estaban protegidas.

Otra de las claves del nuevo texto legislativo es el de conceder a las provincias mayor poder de decisión para señalar que áreas cumplen con una función hídrica y cuáles no, de forma que aquellas zonas que no sean calificadas como esenciales podrán ser habilitadas para desarrollar proyectos productivos. Algunas estimaciones señalan que en el país podrían invertirse hasta 20.000 millones de dólares en los próximos años para desarrollar nuevos proyectos mineros.

Durante el debate de ayer en el Congreso, los grupos de la oposición volvieron a poner de relieve las consecuencias que puede tener la aprobación de esta reforma y anunciaron recursos contra la constitucionalidad de la nueva ley. Sabrina Selva, diputada de Unión por la Patria, apuntó durante su intervención que la concesión de más poder a las provincias para decidir sobre las concesiones mineras hará que estas se guíen por criterios políticos y no den prioridad a los científicos para proteger el medio ambiente.

Recursos hídricos protegidos

Por su parte, Maximiliano Ferraro, diputado del grupo Coalición Cívica, indicó que la reforma de la ley ha estado marcada por los intereses de las empresas mineras y que fueran ellas mismas las que dictaron el texto ahora aprobado. En su opinión, el desarrollo minero es compatible con la protección del medio ambiente, pero no puede hacerse "a cualquier precio".

Por parte del grupo de La Libertad Avanza, Nicolás Mayoraz insistió en que la reforma no toca el principio fundamental de la ley que apuesta por la protección de los recursos hídricos en las zonas glaciares y periglaciares. Además, defendió que los cambios introducidos en la ley suponen una apuestan por el federalismo al permitir a las provincias tener mayor poder de decisión para indicar que zonas deben de contar con la máxima protección y cuáles no.