Estados Unidos sanciona al presidente de Colombia por “vínculos con el narcotráfico”

Escalada de tensión

“Toda una paradoja, pero ni un paso atrás y jamás de rodillas", ha reaccionado el presidente colombiano.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, en una de sus últimas comparecencias.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, en una de sus últimas comparecencias.

El gobierno de Estados Unidos ha impuesto este viernes sanciones contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y su círculo cercano, incluidos su mujer y su hijo, por supuestos vínculos con el narcotráfico, en el marco de las tensiones de los últimos días entre ambos gobiernos.

El encargado de justificar la medida ha sido el secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien ha declarado que "desde que Petro llegó al poder, la producción de cocaína en Colombia se ha disparado a su nivel más alto en décadas, inundando Estados Unidos y envenenando a los estadounidenses". "Petro ha permitido el crecimiento de los cárteles de la droga y se ha negado a detener esta actividad", ha indicado en un comunicado.

La oficina de Bessent ha asegurado que Petro ha "otorgado beneficios a organizaciones narcoterroristas bajo el auspicio de su plan de 'paz total', entre otras políticas, lo que ha llevado a niveles récord de cultivo de coca y producción de cocaína". Según ha dicho, "el comportamiento errático" del mandatario ha distanciado a Bogotá de sus socios, especialmente tras haberse "aliado" con el cartel de los Soles y el "régimen narcoterrorista de Nicolás Maduro".

En cuanto a su hijo, Washington ha explicado que "es considerado su heredero político" y ha recordado que fue detenido en 2023 bajo acusaciones de lavado de activos y enriquecimiento ilícito proveniente del narcotráfico para financiar la campaña presidencial de su padre. Mientras avanza el proceso judicial, Nicolás Petro se encuentra en libertad condicional. Sobre la primera dama, solo ha mencionado que un tribunal anuló la designación "inconstitucional" de Petro para que sirviera como embajadora "en misión especial".

Además, las autoridades estadounidenses han incluido en esta nómina al ministro de Interior de Colombia, Armando Benedetti, de quien han señalado unas grabaciones de audio filtradas en 2023 sobre su participación en la financiación de campaña y la obtención de votos para Petro.

Esta medida decidida por la administración Trump implica que todos los bienes de estas personas en Estados Unidos quedan bloqueados, lo mismo que ocurre con cualquier entidad que sea de su propiedad en un 50 por ciento o más. Asimismo, se prohiben las transacciones de ciudadanos estadounidenses o en Estados Unidos que involucren bienes o intereses de las personas designadas.

Petro: "Ni un paso atrás"

El propio Petro, que ha anunciado que el abogado estadounidense Dany Kovalik estará a cargo de su defensa, ha lamentado que "luchar con el narcotráfico durante décadas y con eficacia" le ha traído "esta medida del gobierno de la sociedad a la que tanto ayudamos para detener sus consumos de cocaína".

"Toda una paradoja, pero ni un paso atrás y jamás de rodillas", ha reaccionado el presidente colombiano.

Estas medidas llegan en la misma semana en la que se ha producido un encendido cruce de declaraciones entre Trump y Petro. De hecho, el inquilino de la Casa Blanca amenazó recientemente con tomar "medidas muy severas" contra Colombia y contra Petro, a quien tachó de "matón y mal tipo que produce mucha droga".

Portaaviones en el Caribe

Hoy mismo, el Departamento de Defensa de Estados Unidos ha anunciado el despliegue de su mayor portaaviones en el marco de la lucha contra las organizaciones transnacionales dedicadas al narcotráfico en aguas del Caribe.

"Una mayor presencia de fuerzas estadounidenses en el área de responsabilidad del Mando Sur de Estados Unidos reforzará la capacidad de Estados Unidos para detectar, supervisar y desmantelar actores y actividades ilícitas", ha señalado el portavoz del Pentágono, Sean Parnell.

En este sentido, ha indicado que dichas fuerzas "fortalecerán las capacidades existentes para desmantelar el narcotráfico", así como "reducir" las actividades de las organizaciones transnacionales en la región latinoamericana.

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