La regularización extraordinaria de migrantes finaliza con más de 900.000 solicitudes y peticiones de ampliación del plazo

El plazo para solicitar la regularización extraordinaria de migrantes concluye este martes 30 de junio después de más de dos meses de tramitación y entre las demandas de organizaciones sociales y colectivos que reclaman una ampliación del plazo para evitar que personas que cumplen los requisitos puedan quedar fuera del proceso.

La medida, desde el pasado 16 de abril ha recibido hasta los últimos datos disponibles más de 900.000 solicitudes, según cifras del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. El Ejecutivo estima que alrededor de medio millón de personas podrían beneficiarse de esta regularización, aunque advierte de que los datos iniciales están pendientes de depuración por posibles duplicidades o incidencias en la presentación de expedientes.

Desde el Ministerio aseguran que el procedimiento se está desarrollando “con total normalidad” y que las autorizaciones provisionales ya se están remitiendo tras la revisión de los expedientes.

Entidades sociales reclaman más tiempo

Organizaciones y colectivos de apoyo a migrantes han pedido al Gobierno una ampliación del plazo al considerar que muchas personas pueden no haber tenido tiempo suficiente para reunir la documentación necesaria.

El movimiento Regularización Ya, llevó al Congreso una proposición no de ley para ampliar el periodo de solicitud, con el apoyo de formaciones como Podemos, Sumar, EH Bildu, Esquerra Republicana de Catalunya y Bloque Nacionalista Galego.

Sus representantes consideran que la fecha del 30 de junio es “arbitraria” y reclaman más flexibilidad para quienes afrontan dificultades administrativas, especialmente en la obtención y legalización de documentos procedentes de algunos países.

La directora general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Mónica López, señaló que el número de solicitudes podría aumentar y alertó de que los retrasos administrativos pueden dificultar que algunos expedientes avancen dentro de los plazos previstos.

El Gobierno defiende el proceso como un “éxito de país”

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha defendido la regularización como un proceso que permitirá aflorar empleo, incorporar derechos y obligaciones para las personas migrantes y reforzar el mercado laboral.

Saiz ha asegurado que no se trata de un punto final, sino de una actuación dentro de una política migratoria que seguirá desarrollándose en los próximos años. También ha indicado que habrá oportunidad de realizar un balance del impacto de la medida.

Según los datos aportados por las organizaciones sociales, una parte importante de las solicitudes continúa pendiente de tramitación. CEAR ha señalado que unas 300.000 habrían sido admitidas a trámite, mientras reclama atención a los posibles retrasos para garantizar que el proceso alcance a todas las personas que puedan acogerse a él.