El Supremo exige al gobierno los nombres de los 163.000 nacionalizados con el voto suspendido

Cinco días. En ese plazo, el gobierno debe remitir al Tribunal Supremo una "relación nominal" de las 163.020 personas afectadas por la suspensión de su derecho a voto, aplicada de forma cautelar por entender que no se cumplieron las condiciones establecidas en la denominada ley de nietos para acceder a la ciudadanía española.

De no recibir esa información en plazo, el Supremo se reserva la potestad de multar o, incluso, de exigir responsabilidad penal a los ministros Félix Bolaños, titular de Justicia, o José Manuel Albares, responsable de la cartera de Exteriores. Según la última información proporcionada a los medios por este último departamento, por el momento remitió los datos de 70.000 personas, que no suponen ni la mitad de los afectados, pero el tribunal discrepa de esa cifra, que rebaja hasta apenas rebasar los 31.000 expedientes.

Este movimiento del alto tribunal llega dos días después de que el Tribunal Constitucional rechazase de forma casi unánime eliminar la suspensión cautelar del derecho a voto dictada por el Supremo; una medida que había sido requerida por el Defensor del Pueblo.