La Junta Electoral ordena verificar el vínculo con el exilio de los beneficarios de la ley de nietos

Cuatro días después de que el Tribunal Supremo publicase el auto que motivaba su decisión de suspender cautelarmente el derecho a voto de los que obtuvieron la nacionalidad española a través de la denominada ley de nietos, la Junta Electoral Central ha asumido esa disposición y ha encargado informes que verifiquen caso por caso la vinculación con el exilio de los que ya han recurrido a esta vía para obtener el pasaporte español.

Y es que el texto de la Ley de memoria democrática estipula el derecho a la nacionalidad para los descendientes de exiliados, pero una instrucción posterior procedente del ministerio de Justicia amplió los supuestos y estableció, por ejemplo, que no se requería acreditar la condición de exiliado, sino que bastaba con haber abandonado España en determinados períodos para asumir que había motivos políticos detrás de la decisión de emigrar.

Al conocer este documento, Vox advirtió que excedía el marco de la Ley de memoria democrática y reclamó a la junta electoral que tomase cartas en el asunto antes de inscribir a los nacionalizados en el censo, pero el órgano decidió inhibirse sobre ese asunto. Es por ello que —al igual que la asociación Iustitia Europa— el partido de ultraderecha recurrió al Supremo, que también alberga dudas sobre esa polémica instrucción.

Ahora, tras la orden del Supremo, la junta electoral ha acordado encargar informes a la Oficina del Censo Electoral y a los registros consulares para, entre otras medidas, verificar la vinculación con el exilio de las personas que hayan obtenido o estén en trámites de obtener la nacionalidad española por esta vía.

Críticas del gobierno

Este acuerdo se conoce el mismo día que el ministro Óscar López calificó de "salvajada" y "atropello democrático" la decisión del Supremo, entre críticas a jueces que "son salvapatrias" y pretenden "derrocar al gobierno". Además, puso en cuestión el argumento del Supremo en torno a la influencia electoral de los 375.000 nuevos electores —una cifra que sigue aumentando al ritmo que se analizan las solicitudes presentadas— y negó que el voto de la emigración beneficie a su partido, a pesar de que los buenos resultados cosechados por el PSOE en el exterior en las últimas elecciones coincidieron con un desplome del voto socialista en territorio nacional.

¿Altera el resultado?

Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía han sido los últimos territorios en los que se han puesto urnas, entre diciembre de 2025 y mayo de 2026. En todas ellas se ha impuesto el PP frente a un PSOE en su suelo histórico salvo en el caso de Castilla.

El resultado entre los residentes en el extranjero dibujó, sin embargo, un mapa completamente distinto. El PSOE ganó el voto CERA en las cuatro comunidades, incluso arrebatando a los populares de Andalucía la primera posición que habían conseguido en el exterior en 2022. En las otras tres comunidades, los socialistas lograron ampliar la ventaja.

Todo ello, en un contexto de aumento de votantes en el exterior. La participación aumentó con especial intensidad en Andalucía y Castilla y León, donde el número de sufragios creció un 182% y un 290%, respectivamente. En Aragón avanzó un 16%, mientras que Extremadura fue la excepción, con un descenso de casi el 6% pese al crecimiento del censo.