La UE prorroga las sanciones comerciales y económicas a Rusia

La Unión Europea ha prorrogado seis meses más, hasta julio de 2026, las sanciones comerciales y económicas que fue imponiendo gradualmente al gobierno de Vladimir Putin desde 2014 por las sucesivas acciones para desestabilizar Ucrania, desde la anexión de Crimea hasta la invasión del país en febrero de 2022.

Se trata de distintas medidas coercitivas sobre un amplio espectro de sectores, desde restricciones al comercio hasta actuaciones sobre la energía y las finanzas pasando por acciones que afectan a la industria tecnológica, a los bienes de doble uso civil y militar, al transporte y a los activos de lujo.

Asimismo, hay sanciones dirigidas a prohibir las importaciones o la transferencia de petróleo crudo y ciertos productos petrolíferos transportados por mar desde Rusia a la UE, así como la desvinculación de varios bancos rusos del sistema SWIFT.

Por último, el paquete prorrogado también abarca la suspensión de las actividades de difusión y las licencias en la Unión Europea a varios medios considerados de desinformación respaldados por el Kremlin, así como medidas específicas para contrarrestar desde el territorio comunitario la elusión de sanciones.

A través de un comunicado, los gobiernos de los países de la UE advierten de que, mientras persistan las "acciones ilegales" por parte de Rusia que violan las normas fundamentales del derecho internacional, el continente continuará considerando pertinente mantener en vigor "todas las medidas" adoptadas. Además, apuntan que se tomarán decisiones "adicionales" si es necesario.

Congelación de activos

Asimismo, el Consejo de la UE también ha incluido a un juez y una fiscala rusos en la lista de sancionados por su vinculación con violaciones de derechos humanos que se están llevando a cabo en Rusia, así como por ser cómplices de la represión de la sociedad civil y la disidencia en el país soviético. Todo ello, como argumenta el organismo, a fin de "legitimar" la narrativa del Kremlin, que equipara las críticas a la invasión rusa de Ucrania o al ejecutivo de Putin con acciones terroristas o extremistas.

Estas sanciones suponen la congelación de los activos que estos dos individuos tengan en territorio comunitario y prohíben, además, toda transferencia con ellos. Además, ambos verán prohibida la entrada, tránsito o salida de suelo europeo.

Detalle de los casos

En concreto, la Unión considera al magistrado del tribunal municipal de Moscú, Dimitri Gordeev, responsable de reiteradas sentencias con motivos políticos contra figuras de la oposición y defensores de derechos humanos; mientras a la fiscala Liudmila Balandina se le atribuyen graves violaciones de los derechos humanos y represión contra críticos con las autoridades rusas o que apoyan a Ucrania.

Al juez, la UE le reprocha haber demostrado un "desprecio sistemático por los estándares fundamentales de justicia imparcial", por ejemplo por negarse de manera sistemática a examinar pruebas exculpatorias y aceptar del mismo modo informes policiales no verificados o copiados de sus antiguos colegas. Estas prácticas, consideran los europeos, "revelan parcialidad, conflicto de intereses y falta de independencia judicial".

Por su parte, sobre la fiscala pesa haber "abusado sistemáticamente de su cargo como fiscal del Estado para presentar cargos con motivaciones políticas, empleando una retórica ideológica alineada con la propaganda del Kremlin y buscando castigos excesivos por actos de expresión pacíficos".