Acaba el plazo, comienza la justicia

El plazo abierto para la regularización de inmigrantes que vivían en España antes del 31 de diciembre y que cumplían otra serie de requisitos ha finalizado el 30 de junio, con un número de solicitantes que pretenden normalizar su situación que es difícil de calcular pero que en cualquier caso supera en el doble la expectativa de que a ese proceso se adhirieran medio millón de personas.

Aunque el proceso pasó por la vicisitud de haber sido aprobado en origen con el beneplácito del PP que votó a favor de la admisión a trámite de una Iniciativa Legislativa Popular que contaba con 700.000 firmas y el apoyo tácito y expreso de la Conferencia Episcopal, y de la patronal CEOE que necesita mano de obra legal, su puesta en marcha ha venido salpicada de recursos judiciales de comunidades autónomas gobernadas por el PP. El primer ‘setball’ judicial se salvó ante el recuro de la Comunidad de Madrid que pedía la adopción de medidas cautelares contra la regularización porque los servicios públicos podían colapsar. La Sala Tercera del Supremo desoyó la petición, pero aún quedaba por jugar otra bola de partido, los recursos de las comunidades autónomas de Aragón y Valencia, que han ido por otro lado y preguntan a la misma sala si la regularización cumple con el Pacto de Migración y Asilo de la UE, de 2024, pero cuya aplicación se ha acelerado en las últimas semanas, por lo que han solicitado que se plantee al Tribunal de Justicia de la Unión Europea una cuestión prejudicial sobre la legalidad de la medida española.

Es difícil saber que tendrán en la cabeza los jueces del Tribunal Supremo

La Sala ha pedido informes a las partes antes de decidir y el Gobierno, a través del Ministerio de Migraciones y la Abogacía del Estado sostendrán la legalidad de la norma, pero si su fallo fuera acceder a las peticiones autonómicas se entraría en un periodo de incertidumbre que tardaría en resolverse unos pocos años, cuando las personas que han solicitado la regularización ya tendrían sus ‘papeles’ y habrían comenzado una vida laboral y personal dentro de la normalidad, que en caso de sentencia en contario del tribunal de Luxemburgo habría que revertir. Menuda papeleta le habrá tocado al gobierno de turno que tengas que devolver a la economía sumergida y a la clandestinidad social a más de un millón de personas. Inmigrantes que quieren trabajar -y los empresarios contratar- y de los que depende la velocidad de crucero de la economía española y sus altos índices de crecimiento y de potencia del mercado laboral, junto con otros beneficios relacionados con el invierno demográfico, la despoblación y el mantenimiento de empleos donde los nacionales ni están ni se les espera.

Es difícil saber que tendrán en la cabeza los jueces del Tribunal Supremo con respecto a una norma que la derecha política española rechaza y que motiva preocupación en los gobiernos de otros países -a pesar de que solo se concede derecho de trabajo y de residencia para España-, pero que están más por la labor de las deportaciones a terceros países. Por lo pronto ya hay decenas de miles de inmigrantes que han regularizado su situación, porque presentaron los documentos unos días antes que el resto, y el Gobierno dedicará 500 millones de euros para favorecer su integración.

Comienza ahora una operación judicial de resultados inciertos con una primera estación a partir del próximo día 3, cuando el Supremo haya recibido las alegaciones y le toque decidir.