Amistades peligrosas

El tiempo, que no vuelve ni tropieza, tiene la mala costumbre de repetirse siempre. La existencia se constituye en una sucesión de ciclos en los que resulta harto difícil evitar el más absoluto revival. Las modas y las costumbres evolucionan hasta regresar al punto de partida, de igual modo que sucede con las formas y las maneras sociales. La actividad parlamentaria no es una excepción: desde que José Luis Rodríguez Zapatero se empecinó en un modelo de crispación, muy a la zaga de la España preguerracivilista, el tono y la comunicación se han afilado cada vez más, hasta el punto de ser absolutamente sangrantes.

Tal es así que, en cada debate de la Cámara, las bocas se abren para acuchillar con la lengua a quien disienta, entregados a una contienda en la que, deshumanizando desde el sanchismo al adversario político con el fin de justificar su aplastamiento -como llegó a proclamar Ione Belarra-, el ala gubernamental se aproxima al abismo de una confrontación basada en el lenguaje más grosero, soez y barriobajero, alimentado con gestos, e incluso acciones, que no hacen sino mostrar la perversidad de sus verdaderos rostros y aspiraciones.

Un enfrentamiento que, de la manera más irresponsable, han trasladado a la calle, donde como muestra se hallan arremetidas como la que sufrió Vito Quiles. Aquí la cuestión no estriba en su ideario ni mensaje, sino en que los que más presumen de ser demócratas y cacarear el derecho a la libertad de expresión coartan, día sí y día también, a quien no comulgue con su rueda de molino.

Y esto es, posiblemente, lo que explique la condena del Fiscal General del Estado, de quien todo el mundo habla maravillas e, incluso sus menos simpatizantes, tildan de persona maravillosa, educada y amable. Parece más bien que su caída a los infiernos se debe más que nada a las malas compañías, esas que le nublaron la vista a la hora de actuar.

Esta es la prueba palmaria que corrobora el adagio popular que afirma “dime con quién andas y te diré quién eres”, y es que ciertamente, las compañías son determinantes en la vida de todos y cada uno. Es de nuevo el saber popular el que viene a ratificar lo dicho: quien camina al lado de estudiosos, acabará siendo un intelectual; el que se codea con ricos, acabará siéndolo; quien se relaciona con delincuentes, terminará jugando al cinquillo en Soto del Real.

Y esto es, posiblemente, lo que explique la condena del Fiscal General del Estado, de quien todo el mundo habla maravillas e, incluso sus menos simpatizantes, tildan de persona maravillosa, educada y amable. Parece más bien que su caída a los infiernos se debe más que nada a las malas compañías, esas que le nublaron la vista a la hora de actuar.

A falta del contenido de la sentencia, en un ejercicio de irresponsabilidad absoluta, la bancada azul ya salió en tromba a cuestionar una sentencia, cuyos términos virtualmente desconoce, arremetiendo desde el Gobierno, con el beneplácito del Ministro de Justicia, contra el Tribunal Supremo, en un intento por sabotear la separación de poderes, y sin reparar en el daño causado a las instituciones y a la confianza de los ciudadanos en ella, es incuantificable.

Sin embargo, existe una serie de indicios que pueden clarificar los hechos, que se basan en dos cuestiones elementales y un esperpento. El primero es que el Fiscal General del Estado, al igual que el resto de fiscales, está sujeto a un juramento por el que no puede facilitar datos de ningún ciudadano. Esa es la razón por la que, hasta que no haya una sentencia, los medios acostumbran a citar a los imputados por sus iniciales, pero nunca por su nombre, ya que constituiría un delito de revelación de secreto. A este hecho hay que añadir que los periodistas no prestan ante nadie juramento de guardar secreto, y que el hecho de que los medios hagan pública una información no exime al fiscal de sus obligaciones. El segundo, que fue el propio Álvaro García Ortiz quien asumió públicamente la responsabilidad de la nota de la fiscalía contra González Amador; ergo, sí hay prueba: su confesión pública.

El esperpento se lo reparten a partes iguales García Ortiz y Pedro Sánchez. El primero, por arrastrar la imagen de la institución por los tribunales, al no haber dimitido cautelarmente antes, y por presentarse como imputado, ataviado con su toga en el estrado. ¿Se imagina alguien a un policía al que juzgasen, vestido de uniforme y con su arma reglamentaria ante el tribunal? La parte del Presidente del Ejecutivo es más lastimosa aún, ya que el Tribunal Supremo que condenó a García Ortiz es el mismo de la condena de la Gürtel, dejando en evidencia que, el sanchismo y sus secuaces, lo que buscan no es justicia sino impunidad.