El Gobierno retrocede y trocea

El Gobierno se muestra recalcitrante y persevera en el error a pesar de las señales que recibe de los partidos que se encuentran en su órbita de que no van a aceptar todas sus iniciativas. Lo ocurrido con el real decreto de revalorización de las pensiones y el escudo social estaba escrito desde que el Congreso le tumbó el decreto ómnibus que finalmente ha sido troceado.

El incremento de las pensiones pasará la criba sin ningún tipo de problema porque a nadie se le ocurre actuar contra trece millones de pensionistas que votan, pero que pueden sentir que han sido tomados como rehenes, brevemente, por Gobierno y oposición, aunque sin ningún riesgo de ver retrocedida su subida del mes de enero. Desde hace días Pedro Sánchez ya había anunciado en la campaña electoral aragonesa que no se produciría ningún cambio son respecto a las percepciones de enero.

Cuestión a parte es el escudo social que introduce las medidas propias de la protección a las familias más vulnerables para que no vean cortados los suministros básicos, y otra serie de ayudas por la dana y los incendios, y que incluye la prohibición de los desahucios a las familias vulnerables, pero con la introducción de la salvaguarda de medidas de protección a los pequeños propietarios una media que demandaban Junts y PNV en contra del resto de los partidos de la izquierda. Aunque la mayor parte de estos han aceptado la reforma, se pone de manifiesto que la derecha nacionalista no entra precisamente en el concepto de progresista. Y luego Podemos, que reniega de esa iniciativa, mientras que PP y Vox no distinguen entre pequeños propietarios y fondos buitres cuando se trata de expulsar a la gente de las casas que habitan.

Lo vista como lo vista, el Gobierno ha sufrido un revolcón movido por su cabezonería y su intención de hacer pasar a todo el arco parlamentario por sus horcas caudinas una iniciativa que tenía pocas posibilidades de salir adelante cuando se cuenta con una mayoría parlamentaria precaria. Ni tan siquiera así tienen garantizado que el escudo social se apruebe, porque los votos que recauda de los nacionalistas vascos y catalanes los pierde por la parte de Podemos cuyos cuatro votos son imprescindibles para que el gobierno gane cualquier votación y considera como “un asco” las medidas de protección de la propiedad privadas que introduce el segundo real decreto.

La ministra portavoz, Elma Saiz, lo fía todo al diálogo, pero Junts no ha confirmado su voto hasta leer la letra pequeña, y en definitiva, el Gobierno transfiere el problema de buscar una solución habitacional a quienes se desahucie a los servicios sociales de las comunidades autónomas que tendrán que dar la respuesta. Una situación que puede afectar a unas 50.000 personas. Desde la derecha se insiste en que las medias de protección contra los desahucios favorecen la denominada inquiokupación y por ello seguirán votando en contra de toda la protección social.

El debate sobre el escudo social pone de manifiesto que frente al gobierno progresista hay un parlamento claramente conservador en materia de vivienda, con posiciones de rebeldía frente a las leyes nacionales, que utiliza el miedo a la okupación que favorece que se limite la oferta de vivienda en alquiler, mientras rechaza aplicar las medidas previstas para disminuir los precios del alquiler.