Cuando arde el monte, arde la economía

La provincia de Ourense vive hoy una calma relativa que no debe confundirse con seguridad. Tras la devastadora oleada de incendios de 2025 –la mayor registrada en décadas–, este territorio se adentra en una fase distinta: la de la recuperación económica. Pero mientras el humo se disipa, la factura del fuego apenas comienza a hacerse visible.

El Foro Económico de Galicia ha analizado a fondo este asunto. Como subraya Fantina Tedim, la investigación de las igniciones debe convertirse en prioridad estratégica, con inversión sostenida en personal, tecnología y coordinación institucional. Pero el sistema de incendios es cada vez más extremo y menos predecible, por lo que la clave es diseñar territorios resilientes, sugiere Juan Picos. Según Edelmiro López Iglesias, la solución a largo plazo no es apagar más incendios, sino transformar el modelo territorial y económico del rural.

El incendio de Larouco, confirmado como el mayor de la historia de Galicia con cerca de 30.000 hectáreas arrasadas, ha pasado ya a formar parte de la memoria colectiva. También lo ha hecho la resistencia desesperada en pueblos como Vilardevós o Castromil, donde vecinos agotados defendieron sus casas con medios insuficientes. Las imágenes captadas por el fotógrafo ourensano Brais Lorenzo –premiadas con un World Press Photo– han puesto rostro internacional a una tragedia que, sin embargo, es también profundamente económica. Porque los incendios forestales no son solo un problema ambiental. Son, ante todo, un problema productivo.

La cifra de hectáreas quemadas suele dominar el relato mediático, pero lo verdaderamente relevante es lo que esas hectáreas representaban. Solo en Ourense, decenas de explotaciones agroganaderas quedaron afectadas y más de un centenar de viviendas sufrieron daños directos. En paralelo, la interrupción de líneas ferroviarias de alta velocidad evidenció hasta qué punto el fuego ya no es un problema rural, sino sistémico.

Los incendios no son eventos aislados, sino fenómenos capaces de desencadenar emergencias en cascada que afectan a la economía, la logística y el territorio. En otras palabras: cuando arde el monte, arde la economía. Uno de los cambios más inquietantes observados en los últimos años es la evolución hacia incendios menos frecuentes, pero mucho más devastadores. Los datos muestran que una fracción mínima de incendios concentra la mayor parte de la superficie quemada: menos del 1% de los siniestros puede llegar a explicar más de la mitad del daño total. Este patrón transforma la gestión del riesgo. Ya no se trata de controlar miles de pequeños focos, sino de evitar unos pocos eventos catastróficos.

El incendio de Chandrexa de Queixa, que ardió durante 17 días sin control, simboliza ese nuevo escenario: incendios de larga duración, comportamiento extremo y capacidad de superar cualquier dispositivo convencional. Lo cierto es que los incendios no nacen únicamente de una chispa, sino de una estructura territorial. La progresiva desaparición de la actividad agraria ha transformado el paisaje gallego. Hoy, apenas el 20% del territorio mantiene usos agrícolas o ganaderos, mientras que amplias superficies quedan abandonadas o cubiertas por vegetación sin gestionar. Ese abandono no es solo un problema ecológico. Es una consecuencia directa del declive demográfico y económico del rural de Galicia.

@J_L_Gomez

Al alza - La despoblación

La despoblación y la fragmentación extrema de la propiedad –con más de 1,7 millones de titulares– dificultan la gestión coordinada del territorio de Galicia. El resultado es una acumulación silenciosa de combustible. Durante décadas, las administraciones han apostado por reforzar los dispositivos de extinción. Es innegable que helicópteros, brigadas y tecnología han mejorado la capacidad de respuesta, pero el problema es que apagar incendios no evita que vuelvan a producirse.

A la baja - El rural

Galicia está ya sujeta a un sistema de eventos extremos, donde episodios raros, pero devastadores, dominan el comportamiento del fuego. Ese nuevo escenario obliga a replantear las bases del desarrollo rural. No basta con reaccionar. Hay que rediseñar. Eso implica ordenar usos del suelo, diversificar el modelo forestal y vincular las políticas públicas a incentivos económicos que premien la gestión activa del territorio. En definitiva, pagar por el territorio que Galicia quiere.